Dictadores, genocidas y criminales acusados de atentar contra la humanidad tuvieron que pensar dos veces a partir de ahí si salían o no de sus países ante la posibilidad de que les pudiera ocurrir lo que a Pinochet con el juez Baltasar Garzón.
La situación está a punto de cambiar por la presión diplomática ejercida por países poderosos ante la persecución de exaltos cargos. En menos de dos meses, la Audiencia Nacional tendrá que archivar la mayoría de las 12 causas que tiene ahora abiertas.
España fue hasta el momento uno de los referentes mundiales en la persecución de genocidios, crímenes de guerra y tortura por el número de investigaciones contra presuntos criminales que no enjuiciaban sus países. En algo más de 15 años, por ejemplo, la Audiencia Nacional abrió investigaciones de los crímenes de la dictadura argentina, el genocidio en Guatemala, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura en Chile o las torturas en Guantánamo.
Sólo el exmilitar argentino Adolfo Scilingo fue juzgado y condenado. Pero como señala el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, "el impacto también cuenta". Y la iniciativa española sirvió para que países como la Argentina o Chile enjuiciaran los crímenes de su propio pasado.
La acción de la Audiencia Nacional incomodó en este tiempo a a los gobiernos españoles, que vieron cómo se abrían crisis diplomáticas con varios países de origen de los perseguidos.
La justicia universal "sólo provoca conflictos", asegura Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP. El partido va a restringirla gracias a su mayoría absoluta, que ayer hizo que el Congreso de los Diputados iniciara un proceso exprés por el que en dos meses como máximo entrará en vigor (ver nota aparte).
La Justicia española sólo podrá investigar los crímenes de lesa humanidad cuando los responsables sean españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas deben también ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.
Amnistía Internacional critica "la invasión parlamentaria" para limitar la acción de los jueces. "Es ilegal. Un Parlamento no puede obligar a un juez", denuncia Beltrán.
Asociaciones de jueces y fiscales aseguran que contraviene los convenios internacionales en los que España es parte. Y no es una restricción cualquiera, sino de la persecución de "los crímenes más atroces que se conocen", señala la Unión Progresista de Fiscales.
Hasta ahora, el país está a la cabeza mundial de la aplicación de la justicia universal, incluso después de que ésta sufriera ya un primer recorte en 2009, cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y él y el PP pactaron una primera poda tras las protestas de Israel por la imputación de su exministro de Defensa Benjamin Ben Eliezer por una matanza de civiles en Gaza en 2002. Con la reforma será el único país europeo que legisla para limitar la Justicia Universal.
De la docena de causas abiertas, entre ellas la muerte del cámara español José Couso en Irak a manos del Ejército estadounidense, los vuelos de la CIA o el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989, lo probable es que quede sólo una abierta: el proceso al exministro del Interior de Guatemala Carlos Vielman, nacionalizado español y acusado de ejecuciones extrajudiciales en el país latinoamericano.
| Agencia DPA |
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