Una puja que el Gobierno debió haber postergado

Leandro Despouy

La Argentina está plagada de problemas irresueltos y muchos de ellos acuciantes, que a pesar de esa cualidad la política logra poner en espera durante largos años hasta que una crisis fortuita los vuelve a poner en escena con furia inusitada. La distribución de fondos entre la Nación y las provincias es uno de esos casos. Aburrido como pocos para el público en general, ese conflicto les permitió a los últimos Gobiernos controlar a caciques provinciales que parecían indomables.

Gracias a la discrecionalidad en la distribución de fondos que el sistema le otorga a cada presidente de la Nación, Gobiernos provinciales han cambiado de mano de la mañana a la noche. El kirchnerismo, como en otro momento el menemismo, ha hecho escuela en esto: las conversiones del radical Gerardo Zamora en Santiago del Estero y del heredero de Mario Das Neves, Martín Buzzi, en Chubut, son ejemplos de mutaciones casi místicas de la oposición al oficialismo en cuestión de horas.

Ahora Cristina de Kirchner desató un debate que hasta ahora se solucionó en cada caso en la intimidad de los despachos de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, a la hora de liberar cheques para el pago de sueldos ante los déficits sin control en la mayoría de las provincias.

Es un hecho que el país debería tener una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Cristina de Kirchner lo sabe bien, porque en 1994 como constituyente aceptó la cláusula transitoria sexta que obligó a sancionar una nueva coparticipación antes de fin de 1996.

Pero esa ley no existió nunca. Sólo Raúl Alfonsín pudo sancionar en 1988 el actual régimen de Coparticipación Federal, complicando a la Capital Federal para que el reparto cerrara y dejando a la provincia de Buenos Aires con un reclamo por el que desde entonces exigen 9 puntos de distribución en el reparto.

Carlos Menem siempre supo que ese fantasma debía quedar encerrado: esa ley convenio de reparto de fondos es de suma cero y muy difícil de discutir en tiempos de crisis. Así él y sus sucesores gobernaron emparchando el régimen de Coparticipación, creando impuestos con asignación específica para calmar heridas, renegociando deudas provinciales y girando cheques bien a tiempo para parar las crisis. En 2000 la cuerda se cortó y apareció la debacle de las cuasi monedas. Lo anterior claramente no fue el camino correcto: deuda y déficit en provincias nunca terminaron de controlarse, pero no es tampoco una cuestión para definir en medio de una crisis.

Desatar esa discusión ahora en medio de una puja política por el control del PJ y sobre todo la sucesión presidencial parece complicado. De ahí que la oposición tomara la bandera que enarboló Cristina de Kirchner al retacearle los fondos a Daniel Scioli.

El radicalismo ya pide audiencias con Scioli y anunció pedidos de informes y proyectos sobre el giro de fondos de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Junto al resto de la oposición quieren saber si la Nación se apropia de fondos que les corresponden a las provincias y si el propio gobernador defiende el Tesoro bonaerense como corresponde.

Está claro que esos pedidos pueden ser sólo testimoniales, pero la Coparticipación puede ponerse de moda si otra estrategia avanza a pesar de la negativa oficial: se pedirá también que la Auditoría General de la Nación, que preside Leandro Despouy, evalúe cómo el Gobierno maneja esos fondos y qué porcentaje de lo que les corresponde a las provincias el Gobierno retiene sin control.