Una de tres, el complicado saldo temporal de las metas comprometidas con el FMI

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• CRISIS EN LA ECONOMÍA REAL E INFLACIÓN EN ALZA DIFICULTAN ACUERDO CON EL FONDO
El Gobierno confía en que el sobrecumplimiento del objetivo fiscal para este año de 2,7% del PBI servirá para flexibilizar el aval a un eventual “waiver”. Esperan aprobación del Presupuesto 2019.

Al anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la conducción económica del país tenía tres metas finales para cerrar el año "exitosamente": que el déficit fiscal primario no supere el 2,7% del PBI, que el país crezca en 2018 (aunque sea de una manera mínima) y que la inflación no supere el 32% acumulado. Ahora, a menos de 5 meses del 31 de diciembre, sólo la primera está garantizada, y es probable, que las otras dos resulten fallidas. De ser así, dadas las circunstancias, hacia el último trimestre del año el Gobierno debería evaluar la alternativa de pedir un "waiver" con el FMI. Para esto, al menos, Mauricio Macri debería haber logrado que el Congreso nacional le haya aprobado el proyecto de ley de Presupuesto 2019, con el 100% del ajuste comprometido políticamente garantizado.

Las medidas fiscales de mayor presión sobre el ingreso de los recursos fiscales anunciadas por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, le dan la garantía al Estado nacional de conseguir un nivel de superávit fiscal primario de 2,7%; porcentaje que incluso podría ubicarse cerca del 2,5%, o aún por debajo. Para esto deberían cumplirse expectativas positivas que tiene el Gobierno: que la recaudación impositiva aporte unos $20.000 millones extras a lo presupuestado y que la aplicación del ajuste anunciado el lunes llegue a los $15.000 millones de ahorro. Supone Hacienda que esta meta es la principal preocupación de los técnicos del Fondo, con lo que su cumplimiento debería generar la suficiente confianza en el equipo que maneja Ricardo Caldarelli, como para que acepte negociar las otras dos variables comprometidas que se le complicaron al Ejecutivo.

A nadie sorprendió en el Palacio de Hacienda el dato final de la inflación de julio de 3,1% (ver pág. 3). Hasta el viernes había esperanzas de un 3% redondo. Sin embargo, el dato que se manejaba el fin de semana era pesimista. Hubo incluso quien pensó que podría ser aún peor, y que se podría haber acercado más al 3,5% que pronosticaban las consultoras privadas. Lo cierto es que el dato del acumulado del año a 19,6% complica la meta anual prometida de un límite de 32% anual, cuando los privados más pesimistas están hablando de entre 34% y 35%. Se descarta, aún en los despachos oficiales que agosto traerá malas noticias. Sólo por el descarte residual de julio y los efectos de las subas de los combustibles y alimentos, sería inevitable que el incremento de los precios llegue este mes a 3%. Con esto se acumularía en los primeros ocho meses de 2018 un total de 22,5%; o incluso 23%. Para el resto del año debería lograrse menos de 9,5%; o, dicho de otro modo, un promedio aproximado de 2,4% mensual. No sería una meta imposible, especialmente entre octubre y noviembre. Pero para esto todo el gabinete económico debería hacer gala de una característica que aún no mostró: coordinación extrema. Especialmente en el momento de aplicar incrementos de combustibles y tarifas fuera de lo presupuestado. Lejos de esta posición estratégica, el mes próximo comenzarán las subas del gas, resta una nueva alza de los combustibles de aproximadamente 10% y diciembre es tradicionalmente un mes de alto nivel inflacionario.

El panorama se complica aún más al proyectar las posibilidades ciertas de lograr en 2018 un crecimiento de la economía, aunque sea de una manera austera. Sólo un 0,1% alcanzaría para que Mauricio Macri rompa la maldición de los años pares, que se viene acumulando desde 2014. Sin embargo, las perspectivas no son buenas. Es inevitable que el país caiga en recesión entre el segundo y el tercer trimestre del año. El problema es el cuarto. Hasta fines de julio las expectativas eran favorables. Sin embargo, el estallido de la crisis turca y los efectos en la economía real de la causa de los cuadernos (que, como mínimo, paralizarían la obra pública) fueron baldazos de agua fría en las proyecciones. El golpe final, aseguran en el campo (el sector que más puede influir positivamente en el EMAE), fue la suspensión por seis meses del cronograma de retenciones para las exportaciones industriales de la soja.

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