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Uruguay: los delitos de lesa humanidad no son de lesa humanidad
El Gobierno de José Mujica estudia ahora vías alternativas para que se enjuicie a los acusados de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
El pronunciamiento es respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 «homicidios muy especialmente agravados», informaron ayer medios de prensa locales.
Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad.
Explicación
En el fallo se explicó que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito.
De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-1985) son crímenes comunes, por lo que prescriben el 1 de noviembre próximo si se consideran todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.
Por su parte, el senador frenteamplista Alberto Curiel afirmó ayer que Mujica evaluaba qué hacer con «los juicios de 88 casos a los que mandatarios anteriores no hicieron lugar». Agregó que las autoridades estaban estudiando «la apertura de todos esos casos» juntos, o «caso por caso», pero antes del 1 de noviembre.
«Hay que respetar el fallo de la Corte, nos guste o no, porque el Poder Judicial es autónomo y tiene su propia soberanía», sostuvo el senador de la Vertiente Artiguista, pero reconoció que ello pone al Gobierno «en una encrucijada» que constituye «un gran desafío para la izquierda y el FA».
El último 19 de mayo naufragó en la Cámara de Diputados una propuesta de la coalición oficialista que anulaba la Ley de Caducidad.
Agencias ANSA, DPA y Télam
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