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Vaivenes, de país en país
El debate en torno al aborto también acaparó la atención de las autoridades argentinas, que por orden de la Corte Suprema tuvieron que acatar la semana pasada la decisión de abortar de una mujer en Buenos Aires que había sido fecundada consecuencia de una violación.
Hasta ese momento, habían sido muchos los casos judicializados debido a interpretaciones personales de la ley, por lo que el tribunal emitió su fallo basándose en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que defiende el derecho a abortar de cualquier persona que haya sido forzada sexualmente.
Por su parte, en México, aunque cada estado cuenta con su código penal y todos permiten el aborto en casos de violación, desde 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló que las mujeres aborten hasta la semana 12 de gestación y accedan al servicio gratuito en hospitales de la zona.
En Bolivia, el Código Penal sanciona con cárcel de dos a seis años a quien practique el aborto sin consentimiento de la mujer o a una menor de 16 años, y de uno a tres años si existe la autorización. Sin embargo, sus leyes permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de violación, estupro o incesto.
En Paraguay, Perú y en Venezuela el aborto es ilegal a excepción de casos en los que esté en peligro la vida de la mujer, mientras que en otras situaciones la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que incurran en esta práctica.
Chile y Surinam son los únicos países que castigan la cirugía en todos los casos, y en lo que va de 2012 el Senado chileno rechazó tres proyectos de ley que buscaban reponer el aborto terapéutico, suprimido en 1989, en los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Agencias EFE y AFP

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