18 de abril 2013 - 00:00

Veloz, Cámara decidió puja entre jueces

La Cámara Federal decidió ayer que sea el juez Sebastián Casanello quien investigue las denuncias por presunto lavado de dinero que involucran al empresario Lázaro Báez. Así lo decidió el camarista Martín Irurzun, quien debió mediar entre Casanello y Rodolfo Canicoba Corral ya que ambos presentaron argumentos para no tratar las seis denuncias presentadas a partir del testimonio del financista Leonardo Fariña en el programa "Periodismo para Todos" de Canal 13.

"En atención al incipiente estado de los expedientes ahora acumulados, la única pauta para decidir la controversia es la fecha impuesta en el cargo. Por tal razón y vistas las constancias obrantes de este legajo, deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, el que prosiga el trámite de estos actuados", expresó Irurzun. Sin embargo, existen motivos no escritos, pero comentados en la Cámara: allí hubo una buena valoración de la denuncia que presentó la diputada Elisa Carrió, texto que inicialmente recayó en el despacho de Casanello y que logró mejor hándicap que los radicados en el juzgado de Canicoba Corral.

Existen preferencias más subterráneas: Casanello accedió a su cargo a fines de 2012 proveniente de la misma Cámara (era secretario de la Sala I), con el puntaje máximo en los exámenes del Consejo de la Magistratura. Un buen perfil técnico para una causa por supuesto "enriquecimiento ilícito" de alta sensibilidad política.

Interesante comienzo el de Casanello en el fuero. En pocos meses la suerte, o más bien el sorteo de la Cámara Federal, quiso que recayeran en su despacho asuntos sensibles para el oficialismo, como la denuncia contra el camarista en lo Civil y Comercial Francisco de las Carreras -hombre clave en la puja por la ley de medios- por su viaje a Miami (invitado a un seminario auspiciado, entre otras empresas, por el Grupo Clarín), la supuesta desaparición de expedientes de la IGJ necesarios para investigación sobre la llamada trama Ciccone y ahora el caso Fariña.

En la Cámara ayer por la tarde asignaban expectativas a los datos cruzados de organismos públicos, como el Banco Central o la Unidad de Información Financiera (UIF).

La medida que mayores consensos registraba era una citación urgente tanto a Fariña como a Federico Elaskar, estrellas indiscutidas del informe del domingo por la noche y que en los últimos días animaron tertulias televisivas para "desmentir" sus declaraciones iniciales.

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