6 de junio 2014 - 00:00

Venezuela, sin diálogo: la Justicia descabeza a la oposición radical

Gigantografías de Leopoldo López con la boca tapada fueron repartidas en Caracas durante marchas para pedir su liberación. La desaforada María Corina Machado fue llamada a declarar por intento de “magnicidio”.
Gigantografías de Leopoldo López con la boca tapada fueron repartidas en Caracas durante marchas para pedir su liberación. La desaforada María Corina Machado fue llamada a declarar por intento de “magnicidio”.
Caracas - La Justicia venezolana reforzó ayer el cerco legal sobre los líderes del movimiento antichavista más radical al decidir enjuiciar por incitación a la violencia al dirigente detenido, Leopoldo López, y llamar a comparecencia ante la Fiscalía a la destituida diputada María Corina Machado.

"Se ordenó el pase a juicio de Leopoldo Eduardo López Mendoza, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año, en el centro de Caracas", detalló un comunicado del ministerio público tras conocerse la decisión durante la madrugada de ayer. Se espera que el proceso comience en agosto.

La Justicia, controlada por el chavismo, acusa al dirigente de Voluntad Popular (VP), detenido desde el 18 de febrero y quien se considera "preso de conciencia", de ser "determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa" y podría enfrentar una sentencia de hasta diez años de prisión.

La decisión se tomó en momentos en que la Fiscalía General de Venezuela llamó a declarar el lunes 16 de junio a Machado, quien, junto con López, lideraron el movimiento insurreccional contra el presidente Nicolás Maduro autodenominado "La Salida", el cual utilizó las protestas universitarias para promover manifestaciones destinadas a hacer caer al Gobierno.

La exdiputada Machado, destituida por la Asamblea Nacional en marzo, difundió ayer el citatorio judicial para ser investigada por su presunta comisión de delitos "contra la independencia y seguridad de la Nación, delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo". Esta es la última de una serie de denuncias del chavismo sobre supuestas conspiraciones contra Maduro y que involucraría también a otros opositores radicales y al embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker.

"Maduro me llamó asesina; me sentencia sin una sola prueba y sin defensa y sin juicio", indicó luego Machado a través de su cuenta en la red social Twitter.

López, por su parte, es acusado por el Gobierno principalmente por haber llamado a actos violentos el 12 de febrero en Caracas, que se saldaron con las primeras tres víctimas mortales de las 42 que han dejado los tres meses de protestas.

"Las pruebas de la defensa fueron silenciadas y fueron negadas, de manera que vamos a ir a un juicio completamente amarrados, completamente silentes. Se impusieron respuestas que van más allá de la ley y eso trajo como consecuencia que Leopoldo López deba permanecer privado de libertad", dijo el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez luego de tres días de audiencias preliminares. Cuatro estudiantes universitarios también serán enjuiciados.

Crítica

López, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, afirmó en una carta difundida por su partido que la jueza que decidió llevarlo a juicio y mantenerlo preso "vendió su conciencia". "Adriana López vendió su conciencia al poder corrupto ratificando la medida de mantenernos presos", dijo. Esto "corrobora nuestra tesis de que acá hay un Poder Judicial sometido al Ejecutivo", señaló.

En la misma línea que el encarcelado dirigente se pronunció Henrique Capriles, líder de la oposición moderada, quien escribió en Twitter: "No son jueces, son mandaderos del Gobierno con su Justicia podrida". Más cauto se mostró, en cambio, el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, al insistir ayer en que el diálogo con el chavismo es una ventana que "siempre hay que dejar abierta" porque puede necesitarse, pese a que actualmente esté congelado.

Por su parte, Estados Unidos consideró que la decisión del tribunal venezolano es "perjudicial" al diálogo entre la oposición y el Gobierno para atenuar la crisis política. Por el momento, la Casa Blanca se mostró contraria a aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos por la represión de las protestas, exigidas por el Congreso estadounidense, para no afectar el proceso de negociación entre chavistas y la MUD.

Las protestas opositoras, iniciadas a principios de febrero en reclamo por el crónico desabastecimiento de productos básicos y la violencia criminal traducida en 65 muertes violentas diarias, disminuyeron en intensidad hasta volverse esporádicas en las últimas semanas.

Al calor de las manifestaciones, el Gobierno y la oposición moderada, nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, iniciaron el 11 de abril un proceso de diálogo en el que Voluntad Popular rechazó participar. Sin embargo, las conversaciones se encuentran empantanadas desde el 13 de mayo, tras la detención de unos 200 estudiantes, la mayoría de ellos ya liberados.

Agencias AFP, EFE, ANSA y DPA

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