Vidal va a la Corte y activa “plan B” para recuperar fondos

María Eugenia Vidal

"Lo del Fondo del Conurbano sale o sale". La afirmación resume el espíritu de la batalla que el Gobierno de María Eugenia Vidal está dispuesto a dar para recuperar esos fondos, congelados desde 1996. Hoy, casi en simultáneo con la reunión de gobernadores en la Casa Rosada (ver nota aparte), el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, presentará ante la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional para recuperar el terreno perdido y cobrar el retroactivo de los últimos 5 años, que asciende a unos $300 mil millones.

Además, la provincia presentará un amparo que le permita percibir más fondos en lo inmediato a la espera de que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo. Y solicitará ser incluida en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, que se compone del 4% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y se reparte entre el resto de los distritos, menos Buenos Aires.

La exploración de la variante judicial confirma, de alguna manera, la presunción de imposibilidad que implicaría recuperar ese derecho a través de un acuerdo político en el Congreso.

"Es difícil pensar que el resto de los gobernadores estará dispuesto a resignar fondos de coparticipación para cubrir el reclamo de Buenos Aires", leyó, acertivo, un ministro de Economía provincial.

Aplica una regla básica: para que la provincia mejore su participación en el reparto de recursos alguien tiene que perder esos fondos, en este caso las demás provincias o el Gobierno nacional.

En su momento, Mauricio Macri no dudó en incrementar los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que desató un vendaval de quejas de los gobernadores, tanto del PJ como de Cambiemos.

Por eso hoy la Casa Rosada dejará que sea la propia Vidal la encargada de abrir la discusión política sobre el Fondo del Conurbano. Cree Nación que de esta manera evita confirmar lo que el resto de los gobernadores sospecha: que aunque no lo haya hecho públicamente, Macri dio a la gobernadora su bendición para ponerse al frente de la cruzada porque considera legítimo el reclamo.

En términos formales, sin embargo, el Gobierno dará el puntapié inicial al invitar a las partes a firmar un acuerdo de federalismo en el que, tanto el Gobierno como las provincias, se comprometen a "adoptar las medidas que fueran necesarias para modificar los regímenes especiales de coparticipación que impliquen inequidades en la distribución de los recursos".

La intervención de la Corte en este asunto tan sensible para la economía doméstica del mayor distrito del país se puede leer también como una estrategia del propio oficialismo, para forzar a los gobernadores a habilitar el debate político en el Congreso y que no tenga que ser la Justicia la encargada de decidir sobre el tema de manera unilateral.

Ya lo hizo con otras cuestiones, como la restitución de los fondos retenidos indebidamente por la ANSES a tres provincias, en un fallo que derivó en un aluvión de quejas y forzó finalmente al Gobierno de Macri a negociar con los mandatarios la devolución del 15% de la coparticipación. Es, precisamente, el acuerdo que se hará efectivo desde hoy a partir de la firma de los convenios bilaterales.