Votación reinstala pelea por el pago de Ganancias

Eugenio Zaffaroni y Alejandra Gils Carbó

La aprobación por parte del Senado de los pliegos de 10 conjueces propuestos para la Corte Suprema de Justicia tendrá sus consecuencias más rutilantes ahora, si el máximo tribunal decide abrir la discusión sobre el pago del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial. Asunto espinoso, mencionado con frecuencia en las alocuciones presidenciales, y que sólo puede ser tratado por los abogados de la matrícula que ayer pasaron la prueba en la Cámara alta.

En la Corte no existen objeciones terminantes respecto de los conjueces, pero allí hubieran preferido que éstos reunieran un consenso similar al que obtuvieron durante la administración de Eduardo Duhalde, cuando en el Senado la nómina cosechó adhesiones de todos los colores.

Las acciones de estos conjueces sólo se verán en alza en caso de que avance el debate por Ganancias. Hasta ese entonces las excusaciones o recusaciones que puedan aparecer en el máximo tribunal se resolverán mediante la convocatoria a los presidentes de las cámaras federales, como ocurre habitualmente.

La discusión en torno al tributo que encuentra a los jueces exentos de pagarlo desembarcó con fuerza en la Corte durante todo 2012, aunque nunca se conocieron las conclusiones. A lo largo de ese año se desarrollaron reuniones en la oficina de Ricardo Lorenzetti y del administrador Héctor Marchi en las cuales se escuchó la opinión de los presidentes de las justicias provinciales, titulares de cámaras federales, representantes del gremio de empleados e inclusive enviados de Ricardo Echegaray.

El tema estaba destinado a continuar durante 2013 pero luego llegó la polémica por la reforma judicial y más tarde el tratamiento de la ley de medios. A comienzos de 2013 la procuradora general Alejandra Gils Carbó emitió una resolución instando a la Corte a apurar una decisión. No sólo no tuvo éxito sino que a la semana Eugenio Zaffaroni le dijo a una radio que para resolver este tema "hacían falta algunos años".

Esas conversaciones en el cuarto piso arrojaron una ecuación ineludible: habilitar el pago de Ganancias obliga a una compensación económica como salvoconducto para evitar planteos de inconstitucionalidad. Por la llamada ley de enganche este incremento federal deberá ser replicado por todas las administraciones provinciales. Allí los poderes judiciales implican un porcentaje alto del gasto y la recaudación del impuesto por parte de AFIP volvería recién por la vía de la coparticipación. Un dibujo que no causa simpatía en las provincias.

Los aspectos salariales son los únicos que pueden motivar una excusación de todos los ministros, así como también de los camaristas federales, lo cual les deja el camino libre a los conjueces. Por eso el interés de Carlos Zannini en apurar el trámite en el Senado luego de que esta disputa quedó fuera del paquete de leyes de la reforma judicial.

La decisión final será de la Corte, que por el momento exhibe, al menos en la superficie, una relación menos conflictiva con el Ejecutivo que en 2013. En la trastienda, en cambio, se desarrolla una dura negociación por las finanzas del Poder Judicial, a lo que se suma que los últimos fallos de la Corte, justamente en materia tributaria, son incómodos para el oficialismo, aunque éste haya decidido evitar, al menos por el momento, contestaciones incendiarias.