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Voto blanco, último recurso del independentismo vasco
Un hombre camina por una calle de la ciudad portuaria de Pasaia (Pasajes), en las inmediaciones de San Sebastián. A su lado, una pintada clama «Viva ETA» en euskera. El municipio es gobernado, como siempre, por partidos que no condenan al terrorismo etarra. Esta vez, muchos de los habitantes de Pasaia votarán en blanco.
«Somos más de la mitad en el pueblo y 200.000 en Euskalherría», calcula este hombre de 32 años vecino de Pasaia (Pasajes), un idílico puerto pesquero junto a San Sebastián (norte), en referencia a los simpatizantes de dos partidos ilegalizados recientemente por la Justicia española por sus vínculos con ETA y su brazo político, Batasuna.
Democrazia Hiru Milioi (D3M) y Askatasuna no pueden presentar candidatos a las elecciones al Parlamento y Gobierno regionales vascos, pero así y todo han llamado a sus seguidores a votar con sus papeletas no válidas o en blanco para hacerse presentes.
«Esto no es democracia», «estamos ilegalizados», «¿por qué no me dejan a mí ser lo que yo quiero ser?», pide el señor Puy, un pescador jubilado de 77 años de Pasajes, donde la alcaldesa es de ANV, otro partido ilegalizado en 2008 por sus vínculos con la organización independentista armada vasca ETA y Batasuna, también ilegal desde 2003.
También votará «al partido que ilegalizaron»: «Que vean que somos miles de personas», explica este anciano que recuerda que los vascos llegaron a estas tierras antes que los españoles.
En Pasaia, población de 16.000 habitantes, muchos están en contra de ilegalizar a estos partidos, a los que el conservador Partido Popular (PP) y el oficialista PSOE reprochan que no condenen la violencia de ETA, responsable de 825 asesinatos en 40 años de violencia en favor de la independencia del País Vasco.
Tras estas elecciones, por primera vez no habrá en el Parlamento vasco partidos independentistas que condenan la violencia, con lo que no están de acuerdo ni el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna en la región desde hace casi 30 años y que podría ser desplazado por los socialistas, ni el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte.
En la legislatura pasada, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), ilegalizado en 2008 por sus vínculos con ETA-Batasuna, obtuvo nueve escaños (12% de los votos).
El partido Aralar, escindido en 2002 de un predecesor de Batasuna por condenar la violencia de ETA y actualmente con una diputada en el Parlamento vasco, no es visto por los militantes independentistas radicales como una opción válida (aunque las encuestas marcan un importante crecimiento electoral el domingo).
«A los partidos tiene que castigarlos la gente en las urnas y no el juez», considera una mujer de la zona, en alusión al juez Baltasar Garzón, que ilegalizó esas dos formaciones la semana pasada. «Son ellos los que no entran en el juego político, sería interesante que se les metiera bastante presión para que no pudieran jugar, como estamos jugando el resto de la gente, a ser democráticos», responde Patxi, policía que escolta a políticos socialistas.
«La democracia no está en venta, únete a la independencia», reza la pancarta que inicia una manifestación estudiantil en favor de D3M en la universidad del País Vasco, en las afueras de Bilbao, a pesar de que Garzón las ha prohibido.
«A pesar de todo vamos a votar con las papeletas de D3M y así la masa electoral de la izquierda abertzale (independentista vasca) podrá mostrar que estamos presentes», explica uno de sus organizadores, estudiante de Ciencias Políticas de 20 años.
Agencia AFP


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