La senadora oficialista Mónica Troadello presentó a fines de 2008 un nuevo proyecto de ley para modificar el Código Electoral Nacional, que busca cubrir las vacantes de autoridades de mesa con graduados de universidades públicas.
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La propuesta, si bien aún no fue tratada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, apunta a un tema que va a ser central en 2009, de cara a la elecciones legislativas: el alto nivel de deserción de los designados como autoridades durante las últimas elecciones, las dificultades y las sospechas que disparan en los comicios estas ausencias y las posibles medidas que, tanto los jueces electorales como el Congreso buscarán para salir de esta situación crítica.
La discusión abarca desde planes de contingencia hasta la modificación del sistema electoral, e incluye un presupuesto para nada menor: el artículo 75 de la Ley de Financiamiento Electoral indica que todos los ciudadanos que cumplan esta función «recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto de viático», liquidada por el Ministerio del Interior.
El cambio sugerido por la cordobesa Troadello, en realidad, se acerca bastante a una acordada que firmó la Cámara Nacional Electoral a principios de diciembre, en la que proponía confeccionar un registro voluntario de estudiantes y graduados de universidades públicas que funcione como «reserva» para suplir ausencias en los comicios. El proyecto de la senadora es apoyado por las kirchneristas Selva Forstmann (Santa Cruz) y Blanca Osuna (Entre Ríos), además de la justicialista Sonia Escudero, y los puntanos Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá. También cuenta con la firma del titular de la UCR, Gerardo Morales.
Obligatorio
La diferencia central entre las dos propuestas consiste en que en el caso de la reforma del Código, esta función tendría carácter de «carga pública», es decir, sería un deber obligatorio. En las elecciones de 2007 fueron los empleados judiciales, comandados por el sindicalista de la CGT, Julio Piumato, quienes ocuparon las mesas, para cubrir la emergencia (la deserción en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue del 92%).
En este sentido, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional, Nicolás Deane, aprobó la propuesta de la senadora kirchnerista, en la medida en que «cualquier cosa que pueda llevar a un mejor funcionamiento del sistema es positivo». Sin embargo, destacó que si bien la reforma podía ser efectiva desde el punto de vista logístico, «no es buena para la democracia», y señaló que el sistema aleatorio de designación era mejor para asegurar la imparcialidad de los comicios.
Otro aspecto que despierta dudas es hasta qué punto el hecho de que haya un padrón de suplentes designados por la Justicia electoral no va a generar todavía más ausencias de autoridades de mesa, sumado a las resistencias que dispara el hecho de que los comicios terminen a cargo de un solo grupo social y/o profesional.
En esta línea, existen varios proyectos para la modificación del Código Electoral que circulan hace años por el Congreso y muchos implican directamente el cambio de sistema. Parte de la propuesta del diputado kirchnerista Jorge Landau, por ejemplo, es reemplazar la designación aleatoria para autoridades de mesa por docentes y profesionales.
Según él, este planteo solucionaría el problema, en especial, en el caso de los maestros, ya que cumplir esta función les aportaría puntos en la carrera docente y una remuneración.
El congresista también destacó que cualquier reforma debía «facilitarle las cosas a la Justicia» y comentó que su propuesta se había conversado con autoridades judiciales, quienes se habrían mostrado a favor de este cambio.
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