Portugal recibió en marzo el respaldo a la marcha de su programa de ajustes por parte del FMI, la Comisión y el Banco Central europeos, que forman la troika de organismos que concedieron y vigilan el cumplimiento del rescate financiero tramitado hace ahora dos años.
Pero la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios de los recortes del presupuesto de 2013 obliga a volver a dar explicaciones a los organismos internacionales, que han decidido bloquear la concesión del próximo tramo de su ayuda, de 2.000 millones de euros.
El país ha recibido durante los dos primeros años de asistencia financiera -que expira en 2014- el 87 % del rescate, pero todavía precisa fondos de la UE y del FMI para asegurar el regreso a los mercados de deuda a largo plazo de forma progresiva.
La dificultad para el Gobierno conservador reside ahora en decidir a qué áreas restará los 1.300 millones de euros que compensan las medidas anuladas por el tribunal, una vez descartada la suba de impuestos.
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, anticipó que sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas sufrirán los ajustes y los ministerios afectados empezaron ayer a analizar cómo recortar presupuesto.
En los medios abundaron ayer los comentarios que acusan al Gobierno de "dramatizar" las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional y sacar a relucir, como hizo el domingo, el riesgo de un segundo rescate financiero, un escenario que todavía no se consideraba próximo.
Portugal "ha cumplido con lo acordado", sostuvo el economista Sandro Mendonça, y "son las previsiones de la troika las que no se han alcanzado", por lo que el país gana capacidad para negociar los intereses y vencimientos de la ayuda.
| Agencia EFE |
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