Zaffaroni divide a bloque en Diputados

Ricardo Alfonsín

La UCR y el PRO encabezan en la Cámara de Diputados la embestida contra el juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, quien fue denunciado por tener departamentos de su propiedad alquilados a mujeres que ejercen la prostitución. El macrismo, a través de Jorge Triaca, le envió una carta al magistrado para que se presente ante la Comisión de Juicio Político para que realice un descargo paralelo a la investigación que realiza la Justicia.

El candidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín, directamente salió a pedir la renuncia de Zaffaroni. El diputado radical expresó que, más allá de la eventual comisión de un delito, Zaffaroni no puede seguir ocupando una de las sillas del máximo tribunal. La denuncia de la ONG La Alameda no podía llegar en peor momento para este magistrado. Hoy a las 12, en el despacho presidencial de Ricardo Lorenzetti, se firmará un convenio de colaboración entre la Corte y los ministerios de Seguridad, y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representados respectivamente por Nilda Garré y Julio Alak, a fin de aunar esfuerzos para prevenir e investigar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La embestida contra Zaffaroni en la Cámara de Diputados no será sencilla. Ese cuerpo está presidido por el kirchnerista-balestrinista Luis Cigogna, quien ya recibió instrucciones desde la Casa Rosada para blindar a Zaffaroni. Además, el bloque peronista que responde a Eduardo Duhalde y el socialismo de Hermes Binner tampoco apoyan la remoción del juez.

Esta denuncia contra Zaffaroni, que se presenta justo a dos semanas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, podría tener además motivaciones políticas. El magistrado es señalado como el encargado de estudiar para el Gobierno un proyecto de reforma constitucional para el próximo período legislativo y además tiene pendiente de firma el sensible fallo sobre la constitucionalidad de la nueva ley de medios, con especial interés en la cláusula de desinversión que obliga a las empresas a desprenderse de activos para adecuarse a la entrada en vigencia de dicha norma.

«La Comisión de Juicio Político es la encargada de evaluar el desempeño de los jueces de la Corte. Mañana nos reuniremos para ver si se avanza en un pedido para que se analice si (Zaffaroni) incumplió sus deberes de funcionario», aseguró el macrista Triaca, integrante de la Comisión de Juicio Político en Diputados. El legislador del PRO sostuvo que las explicaciones que ha dado el juez «distan de ser satisfactorias» y recordó que la denuncia en su contra «roza la actividad de trata de blancas y viola la ley de profilaxis». «Acá lo importante es ver si en alguna medida ha participado en la comisión de un delito, y si lo ha hecho, cuáles son sus responsabilidades y si eso es motivo de remoción», subrayó Triaca. «Es algo que me ha sorprendido. Es una persona por la que siento respeto», se quejó también Alfonsín en declaraciones radiales al tiempo que reclamó que «tiene que quedar muy claro lo que pasó».

«Frente al papelón, aunque no hubiera delito, Zaffaroni debería renunciar», afirmó antes de agregar que «este gran escándalo afecta la majestad de la Justicia» y «tiene que ser investigado». En un comunicado, el juez supremo reconoció la existencia de prostíbulos en algunas de las 15 propiedades que renta en Buenos Aires y aseguró que las recuperará «por las buenas o mediante el desalojo».

El caso estalló cuando la organización humanitaria La Alameda denunció ante la Procuración General de la Nación la existencia de prostíbulos en los que trabajan en su mayoría mujeres paraguayas y dominicanas en tres propiedades de Zaffaroni.

Gustavo Vera, titular de la organización, adelantó que hoy se presentará ante la Procuración General para ampliar la denuncia porque su ONG verificó que en otros tres inmuebles de Zaffaroni también se ejerce esa actividad, prohibida por las leyes.

Al intentar desmarcarse del escándalo, Zaffaroni argumentó que no administra sus propiedades de forma personal, sino que tiene un apoderado y una inmobiliaria que los renta, además de considerarse una víctima del «amarillismo». «Me limito a recibir lo que me pagan y ni siquiera reviso mucho las cuentas. Nunca firmé un contrato de locación personalmente y nunca conocí a ninguno de mis inquilinos. Tampoco recibí una carta documento de ningún consorcio notificándome algo raro o anormal», subrayó. «Quizás haya pecado de ingenuo», insistió el juez supremo.