Zapatero apura el aborto libre y abre otro frente

José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa una época de turbulencias. A los problemas económicos se suma ahora el enfrentamiento con la Iglesia por su iniciativa de liberar el aborto.

Madrid - En un gesto que profundizará su enfrentamiento con la Iglesia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó ayer al Parlamento un proyecto de ley para despenalizar completamente el aborto hasta la 14ª semana de gestación e, incluso, hasta la 22ª en caso de riesgo para la madre o graves anomalías en el feto.

Se trata de un giro drástico en la legislación española que ya antes de su entrada en vigor genera fuertes controversias y furiosas críticas. Uno de los puntos más polémicos del plan es el hecho de que las jóvenes puedan decidir abortar sin el consentimiento de sus padres desde los 16 años.

«Si una menor de 16 o 17 años puede casarse y tener hijos, puede decidir abortar», justificó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Después de la 22ª semana, las mujeres podrán interrumpir su embarazo con la autorización de un comité médico en caso de que se descubran malformaciones en el feto incompatibles con la vida o cuando éste tenga una enfermedad muy grave e incurable.

Tras su aprobación ayer en el Consejo de Ministros, el proyecto será encaminado al Parlamento, donde el socialismo gobernante necesitará mayoría absoluta para sacarlo adelante.

Aunque el Gobierno de Zapatero se encuentra actualmente aislado en el ámbito parlamentario debido a la grave crisis económica que azota el país y a su decisión de aliarse con la oposición conservadora contra el nacionalismo moderado en el País Vasco, analistas consideran que la ley reunirá los apoyos necesarios.

La formación que se manifiesta completamente en contra es el conservador Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy. En su opinión, y según manifestó ayer su «número tres», Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma ofrece a las jóvenes el mensaje de que pueden considerar el aborto como «un anticonceptivo más». «Nos preocupa», añadió en sintonía con la Iglesia.

«Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales», dijo ayer en rueda de prensa la ministra Aído, quien aseguró que no cree posible «proponer una ley más equilibrada que ésta».

Decenas de miles de personas se manifestaron en marzo en Madrid en contra del aborto, en una marcha convocada por organizaciones antiabortistas y apoyada por la Conferencia Episcopal Española (CEE). La manifestación coincidió con el lanzamiento de una campaña de la Iglesia contra la interrupción voluntaria del embarazo.

Con la reforma legislativa, España pretende tener una ley de plazos similar a las que tienen otros países europeos, donde la mujer no tiene que dar ninguna razón para abortar dentro del tiempo previsto por la legislación.

La ley extiende la despenalización del aborto estipulada por la normativa vigente, aprobada en 1985, que contempla sólo tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no hay plazos siempre que haya aval de un dictamen médico; violación, en las primeras doce semanas gestación; y malformación del feto durante las primeras veintidós semanas de gestación.

La futura ley trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas, según el Gobierno. En un país que en 2007 registró 112.000 abortos, la mayor parte realizados en clínicas privadas, el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre se había convertido en un «colador».

La legislación actual contempla penas de prisión para las mujeres que se someten a un aborto fuera de los supuestos permitidos. La nueva ley, que sólo limita los plazos para esa práctica, pretende eliminar esas penas y sustituirlas por multas.

Las palabras «derechos, garantías, seguridad y respeto» definen el anteproyecto, que pretende «salvaguardar la dignidad de las mujeres», manifestó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La reforma llega acompañada por otra polémica, la de la píldora del día después, que también ha enfrentado a los sectores conservadores y la Iglesia con el Gobierno socialista.

Esta semana, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció que las farmacias españolas venderán sin receta dentro de tres meses la píldora del día después, con el objetivo de evitar embarazos no deseados y reducir el número de abortos en España.

Las cifras indican «que tenemos un problema», dijo entonces la ministra, destacando que de los abortos que se registran anualmente en el país, 6.000 son de menores de 18 años y, de ellos, 500, de adolescentes menores de 15.

Agencias DPA, EFE y Reuters