AlmaGBA: 15 empresas ofrecen u$s1.000 millones por 27 proyectos de almacenamiento de energía

El Gobierno recibió ofertas para 1.347 MW de capacidad, por encima del requerimiento de 500 MW. La adjudicación de las ofertas será el 29 de agosto próximo.

El Gobierno alentó a las provincias a lanzar licitaciones para instalar BESS en nodos críticos del interior del país.

El Gobierno realizó la apertura de sobres del proceso licitatorio “Alma-GBA”, destinado a la contratación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según indicaron fuentes oficiales a Energy Report, se presentaron 27 proyectos, de 15 empresas con un compromiso de inversión de más de 1.000 millones de dólares y por un total de 1.347 MW de capacidad, por encima del requerimiento de 500 MW.

"Este resultado confirma el fuerte interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina, y refleja la confianza en los lineamientos definidos para el desarrollo del sector", indicaron desde la Secretaría de Energía.

¿Qué son los BESS?

Estos sistemas se los conoce como BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés) y funcionan con baterías que guardan electricidad para utilizarla posteriormente.

Estos sistemas BESS son cruciales para la gestión eficiente de la energía, especialmente en la integración de energías renovables y la estabilización de redes eléctricas.

Cuando se necesita energía, el BESS libera la electricidad almacenada, ya sea para alimentar hogares, negocios o la red eléctrica.

Entre los beneficios, se destaca que los BESS ayudan a reducir picos de consumo, proporcionan respaldo en caso de cortes de energía, optimizan el uso de energías renovables y contribuyen a la reducción de emisiones de carbono.

¿Qué es AlmaGBA?

AlmaGBA es una iniciativa sin precedentes en el país, basada en la incorporación de sistemas de baterías de última generación (BESS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir costos marginales y asegurar el suministro durante los picos de demanda, ayudando a reducir los cortes. La inversión estimada ronda los u$s500 millones, con un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

La adjudicación de las ofertas será el 29 de agosto próximo. Los contratos de almacenamiento se celebrarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, y contarán con el respaldo de Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) como garante de la operación.

Este proceso forma parte del Plan de Contingencia puesto en marcha por el Gobierno nacional en 2024 para recuperar la infraestructura del sistema eléctrico nacional, que en diciembre de 2023 se encontraba en estado crítico tras años de desinversión, descapitalización y tarifas congeladas.

Ante este proceso, el Gobierno alentó a las provincias, en su carácter de poderes concedentes, a replicar esta herramienta y organizar licitaciones similares que aborden los nodos críticos ya identificados por CAMMESA en distintas regiones del país.

Cómo es el proceso de normalización del mercado eléctrico

Al mismo tiempo, esta licitación se enmarca en el proceso de normalización del mercado eléctrico, donde las distribuidoras retoman su rol como agentes de contratación directa de soluciones que mejoren la calidad del servicio.

El proceso también implicó la reciente creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), un megaorganismo que unificó las tareas del ENRE y el Enargas y buscará la "reorganización" del sector energético nacional, en el marco de la emergencia prorrogada en junio pasado.

En la licitación se presentaron 17 ofertas para la zona de Edenor por 900 MW de potencia y 10 propuestas para la zona de Edesur por 447 MW.

Gobierno desreguló el sector de la electricidad

Pero además, a través del Decreto 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Gobierno también definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico, que según afirman, "beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave".

Este decreto, dictado en el marco del artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, permitirá avanzar en el "proceso de lograr un mercado eléctrico competitivo, abierto y transparente", indicó la Secretaría de Energía.

Las principales transformaciones son:

• Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
• Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo.
• Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.
• Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
• Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.