Bolsas de comercio y de cereales, cámaras empresarias, entidades agroindustriales, productores, cooperativas y una universidad nacional reclamaron al Senado un “pronto tratamiento” del nuevo marco regulatorio. El proyecto eleva los cortes de bioetanol y biodiésel y busca darle previsibilidad a las inversiones.
Biocombustibles, un debate que se instaló en el Congreso de la Nación.
A horas de que el Senado avance con el tratamiento de la nueva Ley de Biocombustibles, un amplio y transversal grupo de entidades empresarias, agroindustriales, comerciales, productivas y académicas salió a respaldar el dictamen aprobado en comisiones y reclamó a los legisladores su sanción definitiva.
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A través de una carta fechada este martes 8 de septiembre, las instituciones firmantes instaron a los senadores a otorgar un “pronto tratamiento” en el recinto al dictamen sobre el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, correspondiente al expediente S-809/26 (presentado por Patricia Bullrich) y otros vinculados.
El respaldo incluye a las principales bolsas de comercio y cereales del país, cámaras de la industria aceitera y de biocombustibles, entidades del sector azucarero y maicero, organizaciones agroindustriales, cooperativas, representantes de las pymes productoras y expendedoras de biocombustibles y hasta la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre los firmantes aparecen Barbechando, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Buenos Aires, las Bolsas de Comercio de Chaco y Rosario, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Alcoholes, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de Bioetanol de Maíz, CIARA, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Coninagro y Maizar, además de entidades de productores cañeros de Tucumán, Jujuy y Salta.
El documento representa así una señal de respaldo sectorial al proyecto que logró dictamen en el Senado luego de meses de negociaciones entre el oficialismo, las provincias productoras y distintos bloques políticos.
Las entidades sostuvieron que el dictamen constituye un “proyecto legislativo superador” y lo calificaron como una iniciativa clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina.
En particular, destacaron que la propuesta moderniza la legislación vigente, establecida por la Ley 27.640, mediante un esquema que contempla mayores y progresivos porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles tanto para las naftas como para el gasoil.
“Consideramos que este texto constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina”, señalaron las instituciones en la carta enviada a los senadores.
El respaldo se produce después de que el proyecto alcanzara dictamen en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, y mientras el oficialismo y los bloques aliados buscan llevarlo al recinto en la sesión prevista para el 10 de septiembre.
La iniciativa fue encabezada por La Libertad Avanza, pero incorporó modificaciones planteadas por representantes de las provincias productoras, en particular de Jujuy, Tucumán y Salta.
En ese proceso tuvo un papel relevante la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés, quien participó de las negociaciones para construir el consenso alrededor del texto. El proceso involucró a los distintos bloques políticos, las nueve provincias que integran la Liga Bioenergética, productores, trabajadores, universidades, organismos técnicos y representantes de la industria.
Uno de los principales cambios del proyecto es el incremento del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasaría del actual 12% al 15%.
El esquema establece un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar, otro 6% para el elaborado con maíz y un 3% adicional que quedará sujeto a competencia.
Además, ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar condiciones de participación entre los distintos actores de la cadena.
Para las provincias del Norte Grande, el aumento del corte representa uno de los principales puntos de interés de la reforma, debido al impacto potencial sobre la producción azucarera y la industria vinculada al bioetanol.
La mayor demanda de alcohol combustible podría impulsar inversiones, producción y empleo en las provincias productoras de caña, al mismo tiempo que ampliaría las posibilidades de agregación de valor en origen.
Moisés planteó que el 15% debe ser entendido como un punto de partida para una política de mayor utilización de biocombustibles y una convergencia progresiva con los niveles de mezcla que se utilizan en otros países del Mercosur, especialmente Brasil.
La discusión sobre el biodiésel fue uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo, debido a la disputa entre las grandes compañías integradas y las pequeñas y medianas empresas industriales.
Finalmente, el dictamen establece elevar el corte obligatorio del 5% al 10% y dividir el mercado en dos segmentos: compañías integradas, capaces de gestionar toda la cadena productiva, y empresas no integradas. Estas últimas tendrán reservado un cupo equivalente al 5% de la totalidad del mercado. A su vez, ninguna compañía podrá concentrar más del 10% del mercado. El proyecto contempla además hasta 2036 un cupo del 3% para las empresas no integradas.
El esquema busca de esta manera ampliar el mercado de biodiésel sin dejar afuera a las pymes industriales que reclamaron durante las negociaciones una mayor participación en el crecimiento de la demanda.
Otro de los cambios incorporados al proyecto es la eliminación del precio máximo para ambos biocombustibles. En su lugar, se tomará como referencia el valor exportable, dentro de un esquema que apunta a modificar el mecanismo de formación de precios y avanzar hacia condiciones más vinculadas al mercado.
También se delimitaron los motivos por los cuales podrían ampliarse los porcentajes de corte y se habilitó a las provincias a establecer incrementos de los cortes de bioetanol y biodiésel.
El nuevo marco apunta además a otorgar previsibilidad para las inversiones durante 15 años y abre la posibilidad de desarrollar nuevos mercados y productos vinculados a los combustibles renovables. Entre ellos aparecen los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y los biocombustibles destinados al transporte marítimo.
Las entidades que respaldaron el dictamen destacaron que una mayor participación de biocombustibles no solamente tendría impacto sobre las cadenas agroindustriales, sino también sobre la transición energética y la reducción de emisiones del transporte.
En la carta enviada al Senado remarcaron que el proyecto consolida a los bios como una herramienta para la descarbonización y permite al país acercarse a estándares internacionales de mitigación del cambio climático. También señalaron que una mayor incorporación de biocombustibles puede mejorar determinadas propiedades técnicas de las mezclas, como el octanaje en las naftas.
Pero el planteo empresario excede la discusión sobre los porcentajes de corte. Las entidades consideran que el nuevo marco puede generar las condiciones para desarrollar un mercado más competitivo, con nuevas tecnologías y productos, vehículos flex y kits de conversión, además de estaciones de servicio preparadas para el expendio de etanol. “La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer”, sostiene la carta.
Las organizaciones también vincularon la reforma con la generación de empleo federal y la agregación de valor en origen, especialmente en las regiones productoras de materias primas agrícolas y azucareras.
El respaldo conseguido alrededor del dictamen adquiere relevancia política porque se produce después de una negociación en la que participaron sectores con intereses diferentes dentro de la propia cadena de biocombustibles.
El proyecto tuvo que compatibilizar el reclamo de las grandes empresas integradas con el de las pymes productoras de biodiésel y, al mismo tiempo, atender las demandas de las provincias azucareras y maiceras.
De hecho, durante las últimas semanas representantes provinciales impulsaron modificaciones al texto. La senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, mantuvo negociaciones con el senador neuquino Pablo Cervi hasta minutos antes del plenario que finalmente permitió avanzar con el dictamen. Ahora, el objetivo es que el proyecto llegue al recinto durante septiembre y consiga la aprobación definitiva.
La carta de las entidades busca reforzar ese camino con una señal poco habitual por su amplitud: desde las bolsas de cereales y comercio hasta las cámaras industriales, productores, cooperativas, organizaciones agroindustriales y el ámbito académico coinciden en reclamar que el Senado convierta el dictamen en ley. “Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a los integrantes de la H. Cámara de Senadores de la Nación otorgar pronto tratamiento sobre el recinto a este dictamen para su sanción definitiva”, concluyeron.