La nueva ley de Biocombustibles dio un paso decisivo en el Senado y Carolina Moisés quedó entre las protagonistas de la construcción política que permitió alcanzar el dictamen. La senadora nacional por Jujuy tuvo un papel activo en las negociaciones y ahora apunta a que el proyecto sea aprobado en la sesión prevista para el próximo 10 de septiembre.
Carolina Moisés destacó el acuerdo por biocombustibles en el Senado: "Es el acumulado de mucho trabajo"
La senadora peronista por Jujuy tuvo un rol clave en la construcción del proyecto que se debatirá en la Cámara alta. "Ya no hay más tiempo para dilatar", advirtió.
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Ley de biocombustibles: el Senado alcanzó un acuerdo para ampliar los cortes en biodiésel y bioetanol
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Las cámaras aceiteras y del biodiésel ratificaron su apoyo al proyecto de ley de Biocombustibles del Gobierno
Para Moisés, el dictamen es el resultado de un proceso de trabajo que se extendió durante 2025 y 2026 y que involucró a distintos bloques políticos, las nueve provincias que integran la Liga Bioenergética, productores, trabajadores, universidades, organismos técnicos y representantes de la industria, entre ellos la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino.
“Este es el acumulado de mucho trabajo y de mucha capacidad de los distintos sectores representativos que hoy están esperando con urgencia esta ley”, sostuvo la legisladora.
Más bioetanol, una oportunidad para el Norte Grande
Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es el incremento progresivo del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasaría del actual 12% al 15%.
El esquema propuesto establece un 6% de participación para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, otro 6% para el producido con maíz y un 3% adicional sujeto a competencia.
Para Moisés, el aumento del corte puede convertirse en una herramienta estratégica para las provincias del Norte Grande, especialmente por su impacto sobre la producción azucarera. La mayor demanda permitiría fortalecer la actividad, promover nuevas inversiones, generar empleo y ampliar las posibilidades de inserción internacional del sector.
La senadora jujeña, sin embargo, considera que el 15% debe ser apenas un punto de partida. Su planteo es avanzar progresivamente hacia una mayor utilización de biocombustibles y acercar a la Argentina a los niveles de mezcla vigentes en otros países del Mercosur, particularmente Brasil.
“Los porcentajes que estamos discutiendo son mínimos posibles y necesarios para garantizar una proyección a futuro”, afirmó.
En ese sentido, el proyecto establece además un régimen de 15 años de vigencia, una de las herramientas centrales para otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas que evalúen realizar nuevas inversiones en el sector.
“Ya no hay más tiempo para dilatar”
Moisés también puso el foco en las demoras que atravesó durante años la discusión sobre una nueva legislación para los biocombustibles.
La senadora recordó que la primera normativa de promoción del sector fue sancionada hace dos décadas y advirtió que, durante ese período, la Argentina perdió oportunidades frente al crecimiento de otros mercados.
“Muchas veces la política, la burocracia y los intereses en pugna producen demoras que terminan afectando de manera estructural a la economía argentina”, cuestionó.
Con el dictamen aprobado, la legisladora busca ahora concentrar los esfuerzos en conseguir la sanción definitiva del proyecto.
“Ya no hay más tiempo para dilatar. Tenemos que mirar para adelante”, afirmó.
La discusión sobre los biocombustibles, en ese marco, excede para Moisés la disputa entre sectores productivos o posiciones políticas. Su apuesta es que la nueva legislación se convierta en una política de Estado capaz de generar condiciones para el desarrollo de las economías regionales.
“Las diferencias políticas, dogmáticas o ideológicas tienen que quedar de lado cuando estamos hablando de desarrollo económico. El diálogo es lo que construye consensos”, sostuvo.
El próximo desafío será, entonces, convertir el acuerdo alcanzado en el Senado en una ley. Para el Norte Grande, la discusión tiene además una dimensión económica concreta: definir cuánto espacio tendrá la producción de caña de azúcar y maíz dentro de la matriz energética argentina y qué condiciones tendrá el sector para atraer inversiones durante los próximos años.
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