El Gobierno decidió no volver a los mercados voluntarios internacionales en 2026 debido a las altas tasas de interés que debería pagar. Ahora, habrá más acreedores privilegiados que no pueden sufrir recortes en caso de reestructuración.
Advierten sobre los riesgos de una alta exposición a acreedores privilegados.
El Gobierno argentino elabora un paquete de financiamiento de unos u$s10.000 millones para atender los próximos vencimientos de deuda en dólares. Dentro de ese esquema, comenzaron a ganar importancia los organismos internacionales de crédito en detrimento del sector privado.
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El año pasado, según datos de GMA Capital, la deuda bruta total de Argentina alcanzaba al 78,4% del PBI. De ello, el 17,1% tenía como acreedores a entidades multilaterales y el 26,8%, al mercado voluntario performing. En tanto el 34,5% es intraestado.
Lo que advierten los consultores y analistas es que los organismos van a incrementar su participación como acreedores de la Argentina, algo que no resultará neutro. Estos suelen imponer metas de políticas macroeconómicas para liberar fondos a diferencia del mercado voluntario.
Y es que el Gobierno renunció a emitir bonos de deuda en dólares de legislación extranjera por considerar que tendría que pagar una tasa muy elevada, del orden del 9% anual. La directriz que se le dio al secretario de Finanzas, Federico Furiase, fue buscar fuentes alternativas.
De acuerdo con GMA Capital, en 2026 los multilaterales pasarán a representar el 21,8% del PBI. Para algunos expertos, recurrir aún más a ese tipo de financiamiento puede tener implicancias negativas para un futuro retorno al mercado global.
Es que los organismos internacionales son acreedores privilegiados. Ante una crisis de deuda son los primeros que cobran, mientras que los bonistas quedan en segundo plano.
"La mayor dependencia de organismos tendería a incrementar aquella participación relativa, subordinando la importancia de los compromisos con bonistas", explica GMA Capital.
El informe indica que "este tipo de financiamiento no es neutral ya que los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a 'fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo'”. "En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito", explica el informe.
Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central, advierte que, "cuando el FMI entra como acreedor relevante, cumple un rol positivo al actuar como 'vigilante´ de la solvencia macroeconómica y como coordinador implícito de acreedores".
"Eso, en principio, reduce la probabilidad percibida de default y comprime spreads (entre el riesgo del país y la tasas internacionales)" dice el informe el cual advierte que "ese efecto reductor tiene un límite".
"La idea central es que cuando la participación del FMI (y de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina) pasa de ser marginal a ser significativa, aparece una externalidad negativa", plantea el exfuncionario. Lo que puede jugar en contra del país es "la ultra prioridad de cobro frente a cualquier evento de reestructuración".
Carrera plantea, en relación al riesgo país, que "es posible pensar que esa 'subordinación implícita' agregue un lastre de 100–200 puntos básicos difícil de eliminar, aun con buenos fundamentals". Actualmente el piso de Argentina es de 500 puntos.
El ejemplo que plantea es el de dos países con indénticos fundamentals. En uno los organismos representan el 10% y en otro el 50%. Si hubiera una restructuración con quita del 20%, en el primero de los casos el costo se reparte entre mayor número de privados, mientras que en el segundo sería entre menos, incrementando el costo del riesgo.
La Argentina y el FMI alcanzaron recientemente un Staff Level Agreement en la segunda revisión del programa vigente. Según se supo, el entendimiento habilitaría un desembolso de unos u$s1.050 millones. El giro coincidiría con el próximo pago de cargos e intereses por u$s800 millones en mayo con un saldo positivo de u$s250 millones.
Por otro lado, el equipo económico avanzó en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de u$s2.000 millones, que podría ser utilizada como respaldo para una emisión en mercados. A esto se sumaron aportes del BID por u$s550 millones y potencialmente del CAF por otros u$s500 millones. "Bajo este esquema, el Tesoro podría acceder a financiamiento por hasta u$s4.000 millones, a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% a 6 años", señala GMA Capital.
La consultora señala que "la magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos ya que hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de u$s9.000 millones. GMA Capital indica que "por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital".
El reporte detalla que "la combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los u$s2.000 millones proyectados por privatizaciones ubicaría el esquema total en torno a u$s10.000 millones".
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