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cumplen sus horarios más que los trenes o los colectivos, en los que hoy se viaja en condiciones casi infrahumanas. «La gente quiere vehículos limpios y un asiento asegurado en el horario pico», explica Sergio Gros, dueño de la empresa Vans del Sur, la que -según este empresario- transporta cerca de 1.200 pasajeros por día.
Sin embargo, para Millaci «muchas empresas habilitadas no cumplen con la mayoría de las normas laborales: salarios adecuados, tener sólo cinco paradas de ascenso y tres de descenso, recorridos fijos, lista de pasajeros, y la gente viaja parada».
¿Por qué las empresas de transporte privado incumplen normas legales? Los empresarios sostienen que las transgresiones vigentes son consecuencia de las exigencias excesivas e ilógicas requeridas para la habilitación de los vehículos. «Es absurdo que sólo podamos hacer tres viajes de entrada por la mañana y tres de retorno por la tarde-noche, y que estemos tan limitados en la cantidad de paradas. Esta, como otras tantas normas que se nos imponen, apuntan a la desaparición de este servicio en vez de a su mejora», dice Gros.
Otro empresario del sector, Fernando Grillo, dueño de Trébol Express, fuerte en el área de Pilar, da una explicación casi insólita: «La habilitación para este tipo de transporte no existe. No sirve. Es tan rigurosa que de cumplirla al pie de la letra no se podría trabajar. Junto con otros colegas hicimos marchas y también presentamos petitorios a Casa de Gobierno para que se incorpore una habilitación razonable, pero no nos prestaron atención». O sea, pide permiso para incumplir la ley.
Grillo, quien afirmó que hace diez años participa del negocio del transporte con servicios de charter, dijo estar cansado de que se pidan «cosas ilógicas» para mantener la habilitación. «Para renovar la habilitación me piden un estado fiscal y el patrimonio neto, y si no llego a tener todo en regla no puedo laburar (sic). Como si fuera poco, tenemos que hacerles a nuestras unidades una verificación técnica cada seis meses, incluso a los vehículos nuevos», agrega.
Justificaciones
No es el único empresario que habla de los estrictos requisitos que impone la CNRT.
María Elena Alvarez, dueña de la empresa Castelar Bus, considera que «el mayor problema que tenemos es que las normas no se ajustan a lo que pide el público. Por caso, la CNRT permite sólo cinco paradas, y por eso debemos trabajar en un radio muy chico».
En general, los empresarios justifican sus numerosos y constantes incumplimientos en el hecho de que, además de que «es carísimo» disponer de un seguro para pasajeros, balance al día, certificados de la AFIP, habilitacionestécnicas y patentes pagas, más caro es aún tener que presentar dos veces la documentación por causa de la lentitud de la CNRT, que frena las habilitaciones y la documentación se vence. Si no tienen los medios para la habilitación se lanzan a la calle como truchos, lo que les permite cobrar menos y tomar pasajeros entre la clase mediamedia baja, un público distinto del que usa charters habilitados.
La demora en el trámite de habilitación es, según Gros, selectiva:«Es sólo para quienes se dedican al servicio charter. ¿Cómo se explica que a los vehículos que se dedican al turismo los habilitan en el día? Es evidente que en este proceso intervienen otros intereses, tal vez de los dueños de las líneas de colectivos».
Los empresarios del sector coinciden en que son las empresas de colectivos las que ejercen presión sobre la CNRT. «Es necesario que se erradiquen por completo los transportes ilegales», responde Millaci, quien en defensa del transporte público advirtió que «deben establecerse con claridad las normas para todos los que nos dedicamos al transporte de pasajeros: no es justo que a nosotros nos obliguen a trabajar de madrugada, cuando viajan muy pocas personas, cobrando una tarifa mínima, mientras que los servicios de charters sólo operan en horas pico, cobrando las tarifas que quieren».
Lo cierto es que, sea justa o no, la reglamentación existe, como también su incumplimiento. La falla, como siempre, es del Estado que -por las razones que sean- está ausente en el control de estos servicios. Parecería que para el gobierno es preferible mirar para otro lado y dejar que operen los transportes « alternativos» a controlarlos y erradicarlos, lo que desembocaría en un cuello de botella a la hora de traer y llevar al público. Al menos, con la existencia del transporte privado (legal e ilegal) hay un gran porcentaje de la población que se conforma y no estalla en queja por el deplorable estado del transporte público.
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