Confuso episodio con policías, juez y gobierno

Néstor Kirchner ordenó ayer que sean separados de sus cargos los efectivos que realizaron un allanamiento en la casa de la abuela de Ezequiel Demonty, el joven que murió ahogado luego de que fuera obligado por integrantes de la Policía Federal a arrojarse al Riachuelo. Pero a los agentes los envió un juez.

Según se informó en la Casa de Gobierno, el primer mandatario instruyó al ministro de Interior, Aníbal Fernández, para que aparte a quienes realizaron ese operativo, en el cual Juana Cerdá, de 72 años, fue golpeada, según denunció la propia mujer. Al comentar la orden presidencial, Fernández indicó que en el gobierno nacional entienden que «hubo excesos y los excesos se tienen que resolver».

Asimismo, el ministro sostuvo que « demasiadas casualidades están dando vueltas alrededor de todo esto».

• Orden judicial

La abuela de Demonty, quien fue visitada por el ministro, denunció que el procedimiento fue «una venganza» policial, luego de que esta semana se conocieran las condenas para nueve efectivos de la Policía Federal acusados por la muerte de Ezequiel, ocurrida en el año 2002. Pero lo curioso del caso es que los policías actuaron con orden judicial, el allanamiento lo ordenó un magistrado.

Por otra parte, voceros gubernamentales señalaron que Kirchner, por intermedio del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le expresó a la mamá de Ezequiel su «solidaridad».

Los voceros de la Casa Rosada señalaron además que el juez Arnaldo Corazza -que ordenó el allanamiento en la casa de la abuela de Demonty-mantuvo no hace mucho un fuerte encontronazo con un ministro nacional. Las fuentes oficiales destacaron, además, que el allanamiento a la casa de los Demonty estuvo relacionado con la investigación del secuestro de un concejal de Quilmes relacionado políticamente con el actual ministro del Interior.

Justamente, Aníbal Fernández visitó a la abuela de Ezequiel Demonty para interiorizarse sobre lo ocurrido cuando los policías allanaron su domicilio. El ministro dialogó durante media hora con Juana Sardá, de 72 años, quien denunció haber sido lastimada durante el operativo. Fernández también se reunió con el jefe de la Policía Federal, comisario Jorge Vallecas, para analizar la situación de los efectivos que participaron del allanamiento.

«Cuando nos contactemos con la causa, vamos a ver si corresponde iniciar acciones contra el juez Corazza», explicó el abogado José María Vera, quien representa a la familia Demonty.

Además, el letrado cuestionó «la legalidad» del allanamiento ordenado por Corazza y sugirió que fue decidido en base a entrecruzamientos telefónicos «que no se entiende cómo se hicieron».

Por su parte, el juez federal Corazza aclaró que el allanamiento practicado en la vivienda de familiares de Ezequiel Demonty fue dispuesto por él a raíz de la investigación de un secuestro extorsivo cometido en Quilmes, en perjuicio de un concejal de ese distrito.

El magistrado confirmó que una de las sieteviviendas allanadas por su orden era de familiares de Demonty, y admitió que «son entendibles las suspicacias de la familia, que crean que puede ser una venganza a tres días de la sentencia».