La Capital deberá asumir también el costo económico

Al inmenso dolor provocado por lo sucedido en República Cromagnon se suma el hecho de que, casi con total certeza, el costo económico de la tragedia recaerá sobre los ciudadanos de la Capital Federal. Aunque parezca prematuro y antipático tocar el tema, no se trata de una cuestión menor.

Ninguna aseguradora del mundo se hace cargo de un siniestro provocado por la falta de control del Estado o por la acción (o inacción) del asegurado, en este caso los dueños del local. De todos modos, y dados los antecedentes de achicar costos que se le conocen a Emir Omar Chabán, se duda de qué seguro puede tener República Cromagnon. Sucede que, en una más de la larga cadena de responsabilidades que tiene el Estado comunal en esta tragedia, hasta ayer no era obligatorio que los boliches tuvieran pólizas de cobertura por responsabilidad civil.

Un experto del mercado asegurador consultado por este diario dijo que « habitualmente estos locales toman pólizas muy chicas, con compañías que no están entre las líderes. Pero aun la empresa menos seria manda un inspector, y si detecta materiales inflamables no expide la póliza. Nadie es tan tonto...» Puede suceder, como casi con seguridad pasó en el caso de Cromagnon, que luego de la inspección el propietario modifique los materiales, el «layout», etcétera. «Las pólizas siempre aclaran las 'exclusiones', casos en que la compañía no pagará por ser el siniestro atribuible al asegurado. Es como chocar con el auto manejando borracho. También están obligados a comunicar la 'agravación del riesgo'. Es decir: si el asegurado introduce elementos inflamables en la estructura del local, debe informar el hecho a la aseguradora. No creo que lo hayan hecho en el caso de Cromagnon», dice el experto.

Es un hecho entonces que la aseguradora no pagará. Cabe recordar lo que es una práctica habitual -por caso- entre las empresas de transporte público: se crean compañías de seguros cuyos abogados prolongan «sine die» las causas por accidentes en las que están involucrados los choferes, para luego declararse en quiebra y dejar impago el siniestro, ante la imposibilidad de embargar al chofer por no contar éste con activos propios.

Algo similar, seguramente, pasará con Chabán y sus hipotéticos «socios» (se sabe que en las compañías involucradas hay jubilados y amas de casa como directores y accionistas): no tendrán bienes suficientes para cubrir ni remotamente el valor que fije la Justicia a las vidas que se perdieron a raíz del incendio de su local.

¿Cuál de las partes involucradas en la tragedia, entonces, tiene los medios y la obligación de hacer frente a los reclamos de los familiares? El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre él recaerán las demandas civiles de los sobrevivientes y los deudos de las víctimas. Atilio Alimena, vicedefensor del pueblo porteño, dijo a este diario que «como ciudadano tengo el derecho de hacer en la Ciudad todo lo que me permite la ley. Los que fueron esa noche a escuchar a Callejeros fueron embaucados por un empresario criminal. Pero quien debe garantizarnos que esos delincuentes no nos maten es el Estado, sin dudas».

Cabe aclarar, además, que los locales clase «C» son discotecas en las que está permitido tener espectáculos de hasta ocho artistas por vez, claramente una categorización muy lejana a la de un lugar para recitales de rock y más cercana al vodevil. La misma norma, en otro apartado, establece que los permisos para recitales deben ser expedidos al menos con cinco días de anticipación. Esto no sucedió en el caso del concierto de Callejeros: el empresario consideró que la habilitación como local «C» le permitía ofrecer conciertos.

S.D.