La Justicia concluyó que en 1977 las recién nacidas fueron entregadas a hogares equivocados por una falla en el procedimiento. El fallo contempla una reparación para ambas y una de sus madres.
Dos mujeres fueron cambiadas al nacer y 49 años después recibirán una millonaria indemnización.
La Justicia de Córdoba condenó al Estado provincial a pagar más de $25 millones, más intereses, a cada una de tres mujeres por un caso de intercambio de bebés ocurrido en 1977. Dos de las damnificadas son las niñas que fueron entregadas a familias que no eran las suyas y la tercera es la madre de una de ellas, que durante décadas crió a una hija que no tenía vínculo biológico con ella.
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Las dos mujeres nacieron el mismo día y en el mismo hospital cordobés. Sin embargo, fueron entregadas a hogares distintos de los que correspondían y crecieron sin sus familias biológicas. La Justicia determinó que lo ocurrido fue consecuencia de un "error o negligencia" atribuible al Estado provincial.
El caso salió a la luz varias décadas después, cuando una de las mujeres acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar sus orígenes. A partir de ese proceso se realizó un estudio de ADN que confirmó que no existía parentesco biológico con la familia que la había criado. La investigación también permitió identificar a otra mujer que había nacido en el mismo establecimiento y en la misma fecha, y que había sido entregada al hogar equivocado.
Con esos elementos, el juez en lo Civil y Comercial 35 de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, consideró demostrado que ambas familias de crianza no coincidían con las familias biológicas de las mujeres. También estableció que la responsabilidad por la confusión correspondía al Estado.
En su resolución, el magistrado explicó que "la principal obligación de una maternidad" es garantizar que el nacimiento se desarrolle "en condiciones de seguridad" y que, posteriormente, cada bebé sea entregado a su familia correspondiente.
Díaz Villasuso sostuvo además que lo ocurrido tuvo consecuencias que excedieron una simple confusión administrativa. Según señaló, "el erróneo intercambio de bebés al momento de nacer" provocó la "adulteración/sustitución de la identidad" personal y familiar de las afectadas.
El juez también se refirió a la dimensión del daño sufrido. Consideró que resulta muy difícil poner en términos económicos las consecuencias de descubrir, después de gran parte de una vida, que los padres y hermanos con los que una persona creció no son sus familiares biológicos. "Baste con imaginar el profundo impacto" que puede generar conocer una situación de estas características, sostuvo el magistrado.
La sentencia también aclaró que el caso no estaba relacionado con la última dictadura cívico-militar, pese a que el hospital donde nacieron las mujeres había integrado el circuito represivo durante ese período. El juez señaló que las madres habían ingresado al establecimiento de manera libre y voluntaria el día del parto.
A esto se sumó otro elemento considerado por la Justicia. Los estudios genéticos realizados no encontraron coincidencias entre las involucradas y familiares de personas secuestradas o desaparecidas que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.