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De acuerdo a la ley firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno licitará contrato a 40 años permitiendo al mejor ofertante cortar árboles bajo un plan de desarrollo sustentable.
Unos 13 millones de hectáreas, o 3 por ciento de la selva autóctona de la Amazonia, estarán disponibles para compañías privadas brasileñas.
La ley intenta desalentar la depredación más destructiva que llevan adelante compañías madereras, dijeron autoridades del gobierno.
"Nosotros estamos autorizando desarrollo sustentable, eso es lo opuesto a la deforestación", dijo a Tasso Azevedo, subsecretario de forestación en el Ministerio de Medio Ambiente.
Los consejeros de Lula dijeron que los controles de la ley, las inspecciones frecuentes, y el final de la incertidumbre legal sobre los derechos de la tierra reducirán la deforestación.
La medida pide la demarcación de bosques públicos y hará imposibles los reclamos privados sobre ellos.
Varios especuladores han usado agujeros legales y oscuras negociaciones para comprar y revender ilegalmente tierras a compañías madereras, ganaderos o granjeros.
Hasta ahora, las políticas del gobierno han producido resultados mezclados, incluyendo la segunda mayor tasa histórica de deforestación en 2004, así como una creciente violencia en relación a disputas por tierra.
De acuerdo a la medida, sólo compañías brasileñas pueden presentarse a la licitación.
Algunos diputados de línea dura temen que las multinacionales podrían establecer frentes legales para participar en lo que llaman la privatización del Amazonas para extranjeros.
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