El juez Bonadío dispuso embargos sobre cinco de los acusados.
El juez federal Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva, a cinco integrantes de una asociación ilícita dedicada a falsificar documentación, mucha de la cual era utilizada luego para obtener créditos bancarios.
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Fuentes judiciales informaron que Bonadío procesó a los cinco acusados -todos hombres y mayores de edad-, a quienes les trabó embargos que llegan a los $ 250 mil.
En la misma causa, una mujer y un hombre, otros dos acusados, fueron procesados sin prisión preventiva, y también se les fijó un embargo de $ 25 mil 0 y 20 mil, respectivamente.
Según la investigación, los imputados están acusados de "confeccionar y obtener documentos públicos", tales como DNI, cédulas de identidad y pasaportes, los "cuales posteriormente eran utilizados ante diferentes entidades, sean públicas o privadas con la finalidad de cometer defraudaciones".
"Esta organización contaba con una estructura jerarquizada y poseía una multiplicidad de designios criminales, habiendo brindado cada uno de sus integrantes, su aporte personal al momento de la ejecución de las maniobras, aunque en forma coordinada entre sí, amén del sentido de permanencia y convergencia intencional", según acreditó el juez.
Las maniobras delictivas habrían tenido lugar entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009, momento en que la organización fue desbaratada, y los acusados quedaron detenidos.
Las detenciones se produjeron en oficinas ubicadas en las calles Rodríguez Peña al 300; Cerrito 46, avenida de Mayo al 1300 y Marcelo T. de Alvear al 700, todas de esta Ciudad, lugar en el que se secuestró abundante documentación ligada a la causa.
Según la investigación, uno de los imputados era "la persona que impartía las directivas y órdenes a fin de que la organización que comandaba diera cumplimiento a la totalidad de sus objetivos".
Muchos de los documentos que falsificaba la organización eran "presentados ante las entidades bancarias, con miras a procurar el otorgamiento de las solicitudes de préstamos".
En tanto que sobre otro de los detenidos, el magistrado sostuvo que "su aporte a la organización deriva de las labores que desarrollara a partir de su calidad de asesor" de un banco privado.
"Las finalidades de esta asociación, no tenían por norte una concreta afectación, sino por el contrario; y si bien eran variadas, también era unívocas en una característica: la ilicitud", según el juez.
Para el juez Bonadío, las maniobras eran "sumamente redituables, ocupándose tanto de la captación de los clientes y la obtención de la documentación como también de que las acciones desplegadas a consecuencia de la misma arribaran a buen puerto conforme sus propios designios criminales".
Al fundar la imposición de la prisión preventiva a la mayoría de los imputados, Bonadío argumentó que "en caso que permanezcan en libertad durante la tramitación del proceso, la efectiva aplicación de la ley penal y/o el descubrimiento de la verdad, se verán puestos seriamente en duda".
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