Uruguay y Argentina acordaron ampliar la fase escrita del contencioso que mantienen ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la construcción de una papelera a la vera del fronterizo río Uruguay, lo cual retrasará "varios meses" el inicio de las audiencias públicas.
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Según informó el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, las dos delegaciones presentarán escritos adicionales "largos", de réplica en el caso de Argentina, y de dúplica para Uruguay, a las memorias remitidas por ambas partes en enero pasado.
En una reunión a puerta cerrada, las delegaciones de los dos países y la presidenta de la CIJ, Rosalin Higgins, acordaron que esta medida es necesaria "porque la complejidad del caso requiere un análisis continuado".
En la fase escrita en litigios dirimidos por la CIJ, los países enfrentados presentan primero sus respectivas memorias, en las que recogen sus argumentos principales y que no se hacen públicas hasta la apertura de las audiencias orales del proceso ante la Corte.
Como se ha decidido la fase escrita de los litigios puede ampliarse con una segunda ronda de argumentaciones, en la que tanto Argentina como Uruguay tienen oportunidad de contestarse mutuamente.
"Estos escritos de réplica y de dúplica no son preceptivos y se presentan tras un acuerdo entre las partes, que cuentan con varios meses para prepararlos", precisó Gros Espiell.
El embajador uruguayo añadió que la reunión se produjo "en un ambiente positivo y comprensivo" entre las partes.
La presentación de estos nuevos documentos implicará a efectos prácticos que el inicio de las audiencias orales suceda "bastante más tarde" que si el proceso escrito hubiese finalizado con la presentación de las memorias, indicó el diplomático.
Recordó que Argentina y Uruguay mantienen un diálogo, con el auspicio de España, para desbloquear el contencioso, y en el marco de dichos contactos se reunirán en Nueva York a finales de septiembre.
Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con el argumento de que el Gobierno uruguayo violó el tratado del Río Uruguay (1975) al autorizar la construcción de dos fábricas de celulosa en la ribera del río que separa a los dos países.
Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río corresponde a los dos países.
De las dos plantas proyectadas inicialmente, de la finlandesa Botnia y de la española ENCE, la segunda fue finalmente trasladada a Punta Pereira, en la ribera uruguaya del Río de la Plata.
La planta de Botnia, prácticamente construida, se ubica en la localidad uruguaya de Fray Bentos, vecina de la argentina de Gualeguaychú, con la que la comunica un puente sobre el río Uruguay.
Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la CIJ medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas.
Argentina pedía la paralización de las obras de construcción de las fábricas papeleras hasta que finalizase el contencioso en La Haya.
Uruguay pidió al máximo órgano judicial de la ONU que obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes que unen ambos países y cuya libre circulación está frecuentemente bloqueada por ambientalistas argentinos en protesta por las obras.
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