Mauricio Macri y los travestis se pusieron de acuerdo, pero a la gente del Lawn Tennis Club y a los vecinos no les gusta nada ese acuerdo que traslada la oferta de sexo callejera a una plazoleta lindera a partir de hoy. Recurrieron a la Justicia, y junto con el Gobierno porteño reeditan una larga y obsoleta discusión sobre dónde tienen que transitar quienes ofrecen servicios sexuales a los porteños. El primer debate, escandaloso, fue durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando se sancionó el primer Código de Convivencia, que reemplazara a los edictos policiales y daba vía libre a la prostitución en las calles. Después se corrigió y se terminó prácticamente prohibiendo la actividad, lo que provocó una nueva modificación (casi incendian la Legislatura en ese entonces) y se pactaron «zonas rojas». Ahora el gobierno de Macri que está reparando con la colaboración de una empresa privada El Rosedal, acordó el traslado de los travestis, queja siempre de los vecinos de Palermo y hasta Macri será el garante de que el acuerdo funcione. Pero ya hay quejas.
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El cambio de lugar surgió de un acuerdo de mayo pasado, entre el Gobierno de la Ciudad y la con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) para que la oferta sexual se traslade del Rosedal, y a partir de hoy se instale en uno de los laterales de la plazoleta Florencio Sánchez, ubicada detrás del hipódromo y junto al Lawn Tennis.
Las autoridades del club dicen que «es ilegal», que no los escuchan y que la Justicia tampoco los atiende.
El presidente del Lawn Tennis Club, Gerardo Loprete, insistió con que los funcionarios porteños «no escuchan a nadie y hacen lo que les parece, y además hacen cosas ilegales».
Según Loprete, el nuevo espacio afectael funcionamiento del club y no respetael Código Contravencional, que prohíbe la oferta y demanda de sexo a menos de 200 metros de viviendas, escuelas, centros recreativos o templos.
Dijo que el Parque Tres de Febrero es parte de la «cultura nacional» y de ese modo «difícilmente conciliable con la zona roja».
«En la vida han puesto ningún sanitario, y ahora están poniendo esto. ¿Por qué no lo pusieron para la gente normal? ¿Por qué tienen que esperar que vengan los trabajadores sexuales?», se quejó Loprete en relación a que el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, colocó baños químicos en la zona, en función de la actividad que comenzará allí.
Amparo
Loprete además recordó que hace dos meses presentó un amparo judicial para impedir la llegada de los travestis y «todavía están discutiendo qué juez entiende en la causa», explicó sobre la presentación judicial.
También vecinos y comerciantes de la zona se quejan de que el parque público termine siendo la primera zona roja oficial de la Ciudad.
Con las nuevas medidas, los travestis podrán trabajar entre las 22 y las 6 en esa plazoleta, donde ya se hicieron lomos de burro sobre la calle Agustín Méndez, y también mejoras en la iluminación del área. Además de baños químicos, habrá cestos especiales para los preservativos cada 50 metros y tres puestos policiales para garantizar la seguridad del lugar, brindando las característicasde un hotel alojamiento a cielo abierto. «Donde van a estar ahora hay menos impacto para los vecinos. Entre las 21 y las 22, por el Rosedal pasan 300 personas. En la otra zona, menos de 20», argumentó Piccardo.
A su vez, el funcionario recordó que el macrismo votó en contra del vigente Código Contravencional, que sólo prohíbe la oferta y demanda de sexo a menos de 200 metros de viviendas, escuelas o templos.
«Si están a más de 200 metros (de los lugares preservados) lo pueden hacer. Nosotros por la fuerza no podemos sacarlos, porque la ley no lo permite», insistió Piccardo.
«Fue un acuerdo que venimos conversando hace tiempo. Tenemos datos alarmantes en términos de cuál es el grado de exposición que tienen las personas que ejercen este tipo de actividad, se decidió aportar con una frecuencia semanal, a dos promotoras de salud, ya que nos parece importante que tengan claro cuáles son los riesgos y cuáles son las precauciones que tienen que tomar», explicó Piccardo.
El ministro insistió en que se buscó «un lugar donde se minimiza el impacto en función del uso que tienen los espacios públicos».
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