La Cámara del Crimen sobreseyó a todos los que participaron de los servicios de emergencia la noche de la tragedia de República Cromañón y que estaban acusados de haber brindado un mal servicio de atención a los cientos de víctimas del incendio de Once.
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La medida beneficia, entre otros, a Alejandro Roberto Cano, comisario mayor y Director General de Operaciones de la Policía Federal a diciembre de 2004; a Martin Galmarini, médico regulador de turno del SAME, y al ex secretario de Salud porteño Alfredo Stern.
Los procesamientos habían sido dictados por el juez que entiende en la causa, Alberto Baños, en diciembre del año pasado.
Con el nuevo fallo -en caso de confirmarse- existe la posibilidad que no se lleve a cabo el denominado juicio de "Cromañón Dos".
Ahora, la Cámara del Crimen sobreseyó a todos los acusados por presunta mala actuación, quienes fueron mencionados por distintos testigos que desfilaron en el Juicio Oral y Público que lleva adelante el Tribunal Oral 24, referido a los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004, la noche de la tragedia en la que murieron 194 personas y varios centenares sufrieron heridas o secuelas físicas provocadas por la inhalación de gases tóxicos.
Además, la Sala Quinta de la Cámara confirmó los sobreseimientos del ex secretario de Salud Alfredo Stern, de la ex secretaria de Derechos Humanos Gabriela Alegre, del ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, del comisario de la Seccional Séptima, Gabriel Sevald, y de su segundo, Carlos Díaz.
Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González revocaron los procesamientos contra Cano y Galmarini por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y por "incumplimiento de los deberes de oficio", respectivamente.
Sobre ambos ex funcionarios pesaba un embargo de $ 100 mil, que también quedó sin efecto. La actuación de los ex funcionarios había sido investigada por la jueza original de la causa, María Angélica Crotto, quien debió alejarse por problemas de salud y en diciembre del año pasado, Baños -en la misma investigación- sobreseyó a una larga lista de funcionarios públicos, entre quienes se contaban Vicente Herrán, Oscar Natalio, Arturo Faiad, Omar Pissella, Claudio Bonahora Igarzagal, Eduardo Saavedra, Lucio Tirao y Germán Fernández.
Además incluía a Julio Salinas Sanabria, Carlos Zoloaga, Silvina Talamona, Pedro Saposnik, Ricardo Carrara, Mónica Préstamo, Ricardo Rezzónico, Alfredo Miranda, Alejandro Bianco, Oscar Manzini, Víctor Capilouto, Julio Crespo Campo y María de los Angeles Suárez.
En los fundamentos del fallo, la Cámara entendió respecto del comisario Cano que había que tener en cuenta "que, al tiempo de emitirse la orden cuestionada -esto es trasladar a las víctimas en unidades no sanitarias- colindaban en su persona su obligación de asegurar y salvaguardar a las personas, y su obligación de conducir las fuerzas policiales en operaciones para neutralizar la zona afectada y restaurar el orden mediante la implementación de cortes vehiculares, corredores sanitarios y cortes peatonales".
Al momento de los hechos y adoptar decisiones en base a esas órdenes "éste no disponía de otro medio menos lesivo para satisfacer el interés vida/salud que, en una situación de necesidad real, estimó prevalente por su magnitud e intensidad".
Respecto de Galmarini, sobre quien pesaba la acusación de "no haber informado al SAME Central las características del episodio y no haber iniciado la organización en general del operativo sanitario", la Cámara si bien ratificó que "habría omitido llevar adelante las tareas de organización", lo sobreseyó porque "ello se debió a un estado de necesidad justificante".
Al momento de dictar el fallo los camaristas valoraron los "requisitos exigidos por la causa de justificación" respecto de Galmarini, como por ejemplo un "peligro inminente, acción necesaria y que el mal provocado fuera menor al evitado".
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