Jubilaciones de privilegio: ¿la política en suspenso?

Hace 81 años la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos en el caso “O’Malley v. Woodrough” transformó a los jueces en ciudadanos. Fue en 1939. Y fue el juez Frankfurter quien fundamentó la opinión mayoritaria que sostuvo la constitucionalidad de una ley que gravaba con el Impuesto a las Ganancias el salario de los jueces. Lo hizo apelando a un concepto fundamental en democracia: el de ciudadano. Y dijo: “Someterlos [a los jueces] a un impuesto general es meramente reconocer que los jueces son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera una inmunidad para compartir con sus conciudadanos la carga sustancial del gobierno cuya constitución y leyes ellos deben administrar”. Hace 84 años la Corte Suprema de Justicia en Argentina, en un caso similar, fallaba exactamente al contrario que sus pares norteamericanos. Fue en 1936, en el caso “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina”.

Si se comparan ambos procesos desde la óptica de la evolución en democracia podría decirse que mientras en el país del norte eso respondería a un lento pero sostenido proceso de democratización que se consolida en los `60 con los derechos civiles que transforman en ciudadanos a los habitantes afro-americanos; en la Argentina se vivía un proceso inverso. Una democracia fraudulenta por el golpe de 1930 que incluía a los jueces y su aprehensión con la idea de ciudadanía. Pero sería una verdad a medias.

La mitad de la verdad a favor. Si contabilizamos el proceso de consolidación de la democracia Argentina a partir de 1983, podemos decir que le llevó 33 años a la dirigencia democrática lograr con el Poder Judicial lo que los norteamericanos lograron hace 81 años. En efecto, recién en 2016 y luego de un arduo proceso de negociación entre poder político y poder judicial -con el actual presidente de la Corte Suprema habiendo defendido la misma postura que defendió la Corte en 1936- el Congreso logró sancionar la Ley 27.346 que dispone para los jueces y funcionarios judiciales argentinos lo que disponía el fallo norteamericano de 1939: que los funcionarios designados a partir del 1 de enero de 2017 deberán tributar ganancias, mientras quedan excluidos los designados con anterioridad. Así los funcionarios del Poder Judicial en democracia son aún ciudadanos a medias. Es decir serán completamente ciudadanos en el futuro, no lo son aún en su totalidad. Lo serán cuando los incluya a todos este impuesto que el resto de la ciudadanía paga pero no lo serán hoy y es posible que no lo sean en el futuro si el Ejecutivo Nacional no envía al Congreso Nacional el proyecto que anunció luego de la sesión del 20 de Diciembre -y si lo envía y se aprueba, no lo vete- para que sus jubilaciones no sean de privilegio como son hoy en el sistema previsional argentino.

La mitad de la verdad en contra. No es en contra de los funcionarios de otros poderes del Estado. Ni es en contra de todos los regímenes especiales que existen en el sistema previsional de la Argentina. Es a favor de un debate serio, profundo y necesario sobre una palabra que desnuda todos los privilegios existentes -pero intolerables para la mayoría de la ciudadanía- y pone en escena la impotencia de la política: equidad.

No lo pudo hacer el expresidente Raúl Alfonsìn. Parque Norte no alcanzó. Aquel discurso en el que convocó a todas las fuerzas políticas a construir la democracia, modernizando con equidad el país. Porque la Ética de la Solidaridad, concepto clave de aquél mensaje, no iba dirigido a la ciudadanía en general. Iba dirigido específicamente a la dirigencia política y sectorial. No pedía el expresidente un acto de buena fe de la ciudadanía para con la dirigencia política sino un acto de responsabilidad colectiva a las élites para con la ciudadanía. Esto así, porque “la democracia nos obliga a mirar con la perspectiva de quien está en desventaja”, decía. Justo en alusión a los privilegios que afectaban, en particular, “la manera en que se han organizado entre nosotros la previsión social”.

Pudo avanzar un poco más el expresidente Eduardo Duhalde que en 2002 envió al Congreso un proyecto derogando las jubilaciones de privilegio que fue votado en un contexto de similar emergencia. Y derogó las jubilaciones de privilegio que tenían los siguientes actores de los poderes públicos: Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, Intendente, Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro. Sin embargo, vetó su propia ley con el decreto 2322/02 y quedaron los que hoy, como en 2002, presionaron para permanecer.

¿Podrá avanzar algo más el Presidente actual? ¿Podrá la dirigencia democrática establecer en una negociación con ellos criterios de equidad que eviten consolidar privilegios? El presidente Alberto Fernàndez amplió el temario de las sesiones extraordinarias incluyendo el tema. Esperamos aún que envíe el proyecto. Para fortalecer su poder de negociación 15 diputados de la Unión Cívica Radical, encabezados por el diputado nacional Alejandro Cacace presentamos un proyecto para contribuir a la discusión sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema equitativo de jubilación en los poderes públicos de un gobierno democrático como Argentina. Si el dinero es la medida del poder en economía y los votos la medida del poder en política, la equidad es la medida de la calidad en ciudadanía. ¿Quiere el Presidente seguir avalando un sistema previsional que distingue entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría? Esperamos que esta vez la política no se suspenda.

Diputada Nacional.

UCR. CABA

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