Ahora consultan a los que saben de delitos

La Policía Federal y los jueces de la Capital Federal participarán de la redacción de las reformas al polémico Código Contravencional porteño, un debate pendiente en ese sentido desde que se sancionó la norma, hace casi seis años. Para eso, la única legisladora ibarrista, Laura Moresi, solicitará el aplazamiento de la sesión especial, prevista para el 19 próximo, en la cual los diputados porteños pensaban aprobar un cambio en la norma que tipifica aquellos delitos que no llegan a ser materia del Código Penal.

La idea es que policías, jueces y organizaciones no gubernamentales tengan una audiencia con los diputados para exponer cuáles consideran que son las reformas necesarias. «Si no consultamos, seguimos otra vez con un código acordado de 31 diputados», explicó el bloque ibarrista. En 1998, el jefe de Gobiernoera Fernando de la Rúa, con un bloque de quórum propio que compartían radicales y el ex Frepaso, que por entonces ostentaba mayoría con Aníbal Ibarra vicepresidente de la Legislatura. Aquel Código, que había redactado, entre otros, Facundo Suárez Lastra, se enfrentó durante su sanción en el recinto con uno de los principales bloques opositores, el encabezado por Gustavo Béliz, ahora ministro de Justicia.

La principal reforma que quieren hacer los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición -el macrismo, que es mayoría en la Legislatura-es asignarle a cada contravención una sanción específica.

Hasta ahora, cuando se dictó la ley que indica cómo se castigará a los infractores en las distintas materias -prostitución, ruidos molestos, violencia callejera, etc.- se indicó sólo en general que las penas podían ir desde la multa hasta el arresto o, en los casos en que correspondía, la inhabilitación, por ejemplo, de un negocio.

•Unificación

Eso dio lugar a que cada juez interprete la ley al momento de imponer castigos, por eso se unificará el criterio en cada caso.

Tanto legisladores de la oposición como del oficialismo están también de acuerdo con que «analizar pena por pena no podrá hacerse de aquí al 19 de febrero». Es la idea que manejan el macrista Martín Borrelli tanto como el propio titular de la Comisión de Justicia de la Legislatura, el oficialista Julio Di Giovanni. Esa comisión incluso comenzó una ronda de consultas con jueces locales, pero la propuesta que maneja Aníbal Ibarra es la de una especie de gran audiencia con los distintos sectores para que en especial la Justicia y la Policía puedan explayarse, ya que en particular los agentes suelen responsabilizar al Código de Convivencia (o Contravencional) porteño de muchos males urbanos.

Quizás en toda esta cuestión uno de los más interesados en llegar a una fórmula de penas por consenso es el titular de la supersecretaría de Control Comunal, Juan Carlos López, el encargado de hacer cumplir, entre otras, la denominada ley seca en la Capital Federal. López, sin embargo, piensa más en la troupe de 500 policías comunitarios que debutarán en el distrito por un acuerdo con el gobierno nacional, sobre los que el Ejecutivo porteño tendrá cierta injerencia para disponer de operativos de seguridad.

Además de agregar penas específicas, los legisladores quieren debatir por lo menos cuatro proyectos de reformas al Código. Uno es el presentado por Di Giovanni, quien, entre otras cosas, propone un artículo para permitir a la Policía prevenir robos del tipo «salidera bancaria». Otro es el del macrista Jorge Enríquez, quien, por ejemplo, propone la polémica figura de «merodeo» para posibilitar el arresto de supuestos sospechosos. También el bloque de Patricia Bullrich tiene un borrador propio, mientras que aseguran desde el partido de Mauricio Macri que presentarán el redactado por Eugenio Burzaco -un joven a quien Mauricio Macri consideró para su eventual gabinete si ganaba las elecciones-, pero aún no se dio a conocer.