Ahora dos juezas fallan contra el congelamiento

Dos juezas nacionales -una laboral y otra federal- conmocionaron ayer al sistema bancario al ordenar distintas medidas judiciales que pueden terminar con la prisión de funcionarios bancarios. El primer caso se presentó en la Capital Federal con un fallo de la jueza laboral Felisa Olztajn, que intimó a un gerente del Banco de la Ciudad (de Buenos Aires) a liberarles el sueldo a dos trabajadores bajo advertencia de arrestarlo por 5 días e iniciarle una causa penal. El otro caso se registró en Neuquén, cuando la jueza federal e integrante del Consejo de la Magistratura Margarita Gudiño de Argüelles dispuso que el Banco de Neuquén SA les pague en efectivo y sin restricciones el sueldo a todos los trabajadores -estatales y privados- que se domicilien en la capital provincial. Esta última puede -si se cumple- colapsar al banco neuquino.

Si bien en la Justicia ya existen otros recursos de amparo concedidos por jueces de primera instancia (Martín Silva Garretón a la gremialista aeronáutica Alicia Castro y a la actriz Cristina Bosch en Contencioso Administrativo de la Capital Federal; Eduardo Tejerina al abogado Domingo Rondina en Federal de Santa Fe; Carlos Soto Dávila a un ahorrista en Federal de Corrientes, y otros en el Interior) ninguno había tenido la repercusión de los mencionados debido a la virulencia del primero y a la extensión del segundo, que pone en estado delicado a los depósitos del banco provincial que ayer debió desobedecer el fallo por contraponerse con las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para colmo, Domingo Cavallo -son varios los jueces que analizan ir judicialmente contra el ministro de Economía por disponer resoluciones que modifican de facto el Código de Procedimientos- dictó ayer la Resolución 805 del Ministerio de Economía que obliga a los bancos a comunicar a la Superintendencia de Entidades Financieras todos los procedimientos judiciales que se contrapongan con lo dispuesto en el Decreto 1570 que limita la extracción de fondos de cuentas bancarias. El BCRA reglamentó esta disposición en el Comunicado A 3.400 y fue esa disposición la que sirvió al contador Luis Manganaro, presidente del BPN SA, para salvar los fondos de la institución que -caso contrario- podría haber colapsado.

• Irresponsable

Manganaro calificó de «irresponsable y de tener oscuras intenciones con la vida misma de la institución» que preside, a la defensora del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Blanca Tirachini, quien fue la querellante que se presentó ante Argüelles en nombre de los 3.000 trabajadores municipales, 37.000 provinciales y privados. Ayer, Tirachini anticipó que -además del fallo contra el BPN- se estaba elaborando un oficio similar para ser presentado ante el Central con la finalidad de que la liberación de salarios se extienda a los bancos privados, aunque llamó la atención que la medida apuntara fundamentalmente al banco provincial, constituido en el «pivote» financiero de la administración del gobernador Jorge Sobisch. Manganaro -antes de negarse a acatar el fallo judicial- se comunicó con Roque Maccarone, quien lo instruyó sobre el procedimiento a seguir y le leyó la Resolución 805 de Cavallo.

En la Capital, Olztajn lo apercibió al gerente de la sucursal Tribunales del Banco de la Ciudad para que libere los fondos del abogado Jorge Eduardo Alvarez y de su cliente, Roberto Antonio Sayago, quienes pretenden cobrar íntegramente un cheque por $ 7.084,27 y honorarios por $ 3.652,81.

• Arresto

En caso contrario, advirtió que podía disponer el arresto en la Alcaidía de Tribunales y enviar los antecedentes a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se abra una causa penal por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial. La misma calificación esgrimió Gudiño de Argüelles ante Manganaro hasta tanto se resuelva sobre la cuestión de fondo: esto es, la presunta inconstitucionalidad de los Decretos 1570/01 y 1606/ 01 dictados por el Poder Ejecutivo.

Pero ese procedimiento no ha sido ejercido por parte del gobierno con la celeridad que la gravedad de la medida exige y ante la proyección de que se concedan miles de recursos de amparo que podrían complicar seriamente a los bancos. Pese al tiempo transcurrido desde el primer fallo de Silva Garretón, ni la Procuración del Tesoro que dirige Enrique Marcer -habitual abogado de los juicios contra el Estado- ni la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía a cargo de Alfredo Castañón parecen haberse inclinado por apelar directamente a la Corte -según interpretaciones en ese alto tribunal- como debería hacerse de acuerdo con lo que marca la Ley de Emergencia Económica que facultaría al Poder Ejecutivo a obviar la instancia de las cámaras. La omisión es preocupante porque restan sólo dos acuerdos de la Corte antes de entrar en feria y para hoy -penúltima reunión del año- no ha ingresado ninguna apelación al máximo tribunal. Además causa extrañeza porque esta Corte -en líneas generales- siempre respaldó el plan económico, ya sea durante la gestión de Carlos Menem como la actual de Fernando de la Rúa.