El gobierno nacional entró esta semana en un conflicto interno entre funcionarios de primer nivel que ya llegó hasta la Justicia, de consecuencias hasta ahora incontroladas por el propio Presidente. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, querelló el lunes pasado a Alejandro Rúa, un ex dependiente de su cartera que estaba al frente de la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA. Rúa dijo en un reportaje que la causa que investiga el atentado contra la mutual judía perdió impulso desde que Iribarne asumió su cargo. El ministro evitó la polémica pública, fiel al bajo perfil que cultiva, y demandó por calumnias e injurias a su ex dependiente ante el juzgado federal de Daniel Rafecas.
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Este es el tipo de incidentes que evitan los presidentes en las reuniones de gabinete, un métodoque Kirchner no usa en su administración.
El impacto negativo para el gobierno será doble: por un lado, salpicará la gestión de Néstor Kirchner, quien maneja con absoluto recelo y confidencialidad todas las pujas internas de su gabinete. Y por el otro, afectará la imagen de la Justicia en una causa tan delicada como la que arrojó 85 muertos tras el atentado del 18 de julio de 1994. Rúa renunció a principios de febrero a la división especial investigadora del caso AMIA. Pero antes de partir, disparó contra Iribarne: «Hubo un cambio de impulso con la gestión del actual ministro de Justicia (Alberto Iribarne). No un cambio de rumbo, sino una disminución en el avance de la tarea que realizábamos». La referencia fue a la investigación que se realizaba por las irregularidades judiciales en el caso AMIA y la presunta responsabilidad del ex juez federal Juan José Galeano y de Claudio Bonadío, quien encabezaba la pesquisa de las denuncias que pesaban sobre Galeano, pero que también fue apartado del proceso.
Rúa, al fustigar el desempeño de Iribarne, también criticó de manera indirecta a Néstor Kirchner, quien elogió el miércoles pasado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso la gestión del Ministerio de Justicia, que participó del proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso AMIA.
Quizá lo más sorprendente del caso es que Rúa parece que no se apartará del gobierno tras esta denuncia. Simplemente, se moverá un casillero hacia el Ministerio de Defensa de Nilda Garré, con quien trabajó desde la oficina anticorrupción cuando ésta ocupaba la unidad de investigación del caso AMIA. La acusación de Rúa, que ahora deberá ser resuelta en sede judicial, resulta escandalosa teniendo en cuenta que abandona el Ministerio de Justicia, pero se refugia en los brazos de Garré dejando al gabinete nacional al borde de un enfrentamiento interministerial.
Rúa, en un reportaje publicado por el matutino «La Nación», dijo que, desde que Horacio Rosatti dejó la cartera de Justicia, notó que había propuestas que no recibían el mismo apoyo que antes. «También hubo desinteligencias en el trámite del pedido de juicio político a Bonadío, pues quedó en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.»
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