AMIA: reclaman que la SIDE ayude en el juicio

El juicio oral y público por el ataque terrorista contra la AMIA se reanudó ayer sin mayores sorpresas, pero con un cuadro político diametralmente opuesto al que existía en el país cuando se suspendieron las audiencias hace diez días. Por un lado está como presidente Eduardo Duhalde, quien durante su gobernación bonaerense debió soportar duras críticas por la actuación de la Policía provincial que comandó el ex comisario Pedro Klodczyk, protector de uno de los principales acusados: el ex comisario mayor Juan José Ribelli, considerado el cerebro financiero de la estructura de poder que se montó en esa fuerza de seguridad y sobre la que llueven las mayores sospechas de corrupción.

Por el otro, al frente de la SIDE se encuentra Carlos Soria, quien suele ser bien ponderado por los abogados de la mutual judía como Marta Nercellas debido a su labor al frente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Ayer, Nercellas, que supo patrocinar al ex hombre fuerte de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Rubén Beraja, cifró esperanzas de que el nuevo «Señor 5» «quizás pueda hacer más (por la investigación del ataque terrorista) al tener más poder» que el que podía ostentar como diputado. Soria pese a que tuvo que presidir a la «maldita policía» en las postrimerías de la gobernación Duhalde, no participó del presunto encubrimiento de las actividades de Ribelli y sus socios de armas: Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro.

Este tema será tocado hoy cuando se reúna el nuevo titular de la DAIA, José Hercman, con Duhalde en la Casa de Gobierno. Uno de los puntos que se pondrán sobre la mesa afecta directamente a la SIDE porque la DAIA quiere que se levante el secreto de Estado que rige sobre los agentes de ese organismo de Inteligencia que fueron citados por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, quienes no suelen considerar sobremanera las sutilezas propias de los espías basadas en la «incógnita y el misterio». Precisamente la actuación de la SIDE en la investigación de ambos atentados es otro de los puntos ríspidos en la dura interna entre duhaldistas y menemistas y Soria cree tener una carta clave que puede jugar en cualquier momento. Tanto la DAIA como Memoria Activa -otro de los querellantes en la causa que representan a la comunidad judía junto con Familiares de las Víctimas-insisten en que tiene que volver a declarar el ex titular de la central criolla de espionaje, Hugo Anzorreguy, quien hace unos días se reunió con Soria. Anzorreguy fue uno de los funcionarios de la SIDE que se negó a entregar información clasificada porque está encuadrado en la Ley de Secreto de Estado que penaliza a los integrantes del gobierno que revelan estos secretos. El «ojo de la tormenta» se centra sobre el denominado «Grupo Patria» o «Sala Patria» que lideró las investigaciones y sus agentes se especializaron en terrorismo fundamentalista islámico. La SIDE está acusada de la presunta desaparición de pruebas que podrían traer datos reveladores sobre el atentado, especialmente casetes de escuchas telefónicas.

•Protestas

El problema no es menor para Duhalde porque la filtración de información clasificada es uno de los temas que eriza la piel de los servicios de Inteligencia extranjeros que suelen colaborar con la SIDE. Cuando el ex presidente Fernando de la Rúa y su jefe de Inteligencia, Fernando de Santibañes, resolvieron entregar datos secretos a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado en el caso de los sobornos del Senado, varias de esas delegaciones hicieron llegar sus protestas porque podían ponerse al descubierto operaciones conjuntas que comprometen a sus agentes. Pero, tampoco le será fácil al gobierno eludir el requerimiento judicial ante la presión local e internacional para esclarecer el ataque terrorista.

Es que en los próximos días se pondrá sobre la mesa del juicio el papel que cumplieron los servicios de Inteligencia -no solo la SIDE, sino el DPOC-(División de Protección del Orden Constitucional) de la Policía Federal y la colaboración de los extranjeros como la CIA Americana y el Mossad israelí, dos agencias que no son desconocidas para Soria. También se discutirá sobre el recorrido de la trafic blanca que fue armada como coche bomba estallando en la AMIA. Esta es la principal prueba de cargo y, hasta ahora, compromete seriamente al ex reducidor de automóviles Carlos Alberto Telleldín (h) que aparece como el principal acusado según la investigación del juez federal Juan José Galeano duramente criticado por Memoria Activa y políticos opositores al menemismo.

En este punto se centrará la discusión judicial en torno a este atentado aunque ayer fue de notable pobreza testimonial. Sólo unos pocos datos de interés, pero de hondo dramatismo que aportaron los sobrevivientes Jorge Ferreti, Héctor Arce, José Vinocur, Mónica Barraganes y Zunilda Martínez y la esperanza de que otros dos testigos -Gustavo y Laura Morages, propietarios de un comercio de venta de pizarrones que fue usado como «bunker» por la Policía, la SIDE, el FBI y otros servicios-entreguen información que permita avanzar. El matrimonio aportó información confidencial a Galeano y fueron quienes firmaron el acta sobre el hallazgo del motor de la trafic entre los escombros de la AMIA que permitió el armado de la acusación principal contra Telleldín y los policías bonaerenses.