La solución del terrible atentado que destruyó la sede de la Embajada de Israel en 1992 se perdió en un laberinto judicial. Lo mismo con el atentado a la AMIA en 1994. Esa vía, necesaria, ¿bastaba para conocer la verdad, sancionar a los culpables y brindar una explicación al público?
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Habrá posiblemente al final un juicio, pero en ningún caso los macroatentados del terrorismo internacional en los países del Primer Mundo son enfrentados por un mero juez o fiscal desde el inicio.
En Gran Bretaña, fueron el jefe de Scotland Yard y el primer ministro
Distinto fue Nuremberg para juzgar la barbarie nazi, que con un tribunal de civiles y militares (los dos jueces soviéticos eran castrenses) se determinaronpenas para los responsablesdel régimen una vez concluidas las acciones. Todos los ejércitos aliados se encontraban en suelo alemán. Lo mismo el tribunal de La Haya respecto de la Guerra de Bosnia, que juzga a criminales genocidas con total apoyo de diversas naciones y cuando el conflicto está superado. En la Argentina, los organismos de Estado derivaron todo en un muchacho de 34 años a cargo de un juzgado federal, sin más custodia que dos policías. Y si se considera la existencia de policías entre los acusados, esto resulta más amenazador que tranquilizante. Similar era el caso de
Similar encuadre debería aplicarse si se trata de un grupo armado interno rebelde, por ejemplo, una fracción de las Fuerzas Armadas.
Recuérdese el primer alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, cuando debió concurrir el juez
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