Armas: definen que gabinete no es una asociación ilícita

Al confirmar la prisión preventiva y el procesamiento de Emir Yoma por ser el presunto organizador de una asociación ilícita que estafó al Estado al vender, de manera supuestamente ilegal, pólvora, municiones y armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, la Cámara Federal Penal porteña dejó sentado que existe esa asociación ilícita que se habría armado en la cúspide del gobierno anterior, pero se ocupó de poner una sutil diferenciación con criterios anteriores: que un gabinete podría conformar un grupo ilegal. «En la presente causa, no se investiga la gestión de un gobierno en particular, sino la comisión de delitos que se presentan independientes de las funciones públicas que podrían haber desarrollado los implicados.» Si bien la frase podría favorecer a Carlos Menem, todo parece indicar que el halagado es Domingo Cavallo, a quien no se lo menciona en ninguna línea de las 816 páginas del fallo.

Es que el ex presidente debe declarar el próximo 13 de julio, y su indagatoria -paso previo a un posible procesamiento-se tornó inexorable después de que se cayera en la Corte un intento por definir esta polémica figura penal, la única que puede dejarlo detenido si se la interpreta como quieren los controvertidos magistrados. Pero los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani no quisieron suplir el rol de la instancia superior, donde tampoco existe mucho entusiasmo en salvarlo a Menem. Porque en otro párrafo, le imputaron a Yoma por sus influencias y poder sobre los ministros de ese gobierno en su parentesco con el ex presidente. «Carece de importancia su no participación en funciones públicas, ya que ello era logrado a través de su evidente poder de influencia sobre distintos niveles de la administración», sostuvo elípticamente ese Tribunal, cuidándose de no mencionar a Menem para no ser recusado. Una de cal y otra de arena.

Involucrados

Es que para los camaristas, esa asociación ilícita se podría haber conformado entre algunos miembros del anterior Poder Ejecutivo y personas extrañas, entre las que se englobarían, además de Yoma, al ex jefe del Ejército Martín Balza y otros oficiales de su cuestionada gestión; ex directores de Fabricaciones Militares y a los intermediarios nativos y foráneos que intervinieron en el negocio. «Fue necesario contar con el apoyo de personas que, desde el exterior, permitieran asegurar el transporte y arribo de las cargas de material bélico a destino, liberando las trabas que, al menos en el caso Croacia, hubiesen impedido la concreción de dicha operación.» Otra definición ambigua de los camaristas, como si estuvieran temerosos de mencionar a Estados Unidos. Porque un transporte de cinco o seis buques mercantes atravesando el Mediterráneo con toda la flota de la OTAN en operaciones por la Guerra de los Balcanes no podría pasar desapercibido para el sofisticado y ultramoderno sistema de espionaje norteamericano.

Claro que implicar a una potencia extranjera o a un embajador -como lo hizo Luis Sarlenga, el quebrado interventor en Fabricaciones Militares, con James Cheek-podría significar que la causa subiera a la Corte y toda la estrategia acusatoria montada en torno a esta sala y al dúo judicial Stornelli-Urso podría venirse abajo. Esperar a Menem parece ser la consigna judicial, aunque previamente -su indagatoria está fijada para el 13 de junio-estará bajo el fuego el controvertido Balza, a quien Stornelli quiere meter preso a toda costa. Prueba de ello, que el ahora general retirado fue su principal objetivo, hasta que Irurzun, Luraschi y Cattani le cambiaron el blanco. Tanto en las declaraciones de Sarlenga como del ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín -un sector del Ejército que alaba al fiscal-, Balza es acusado de conocer no sólo la operación de venta, sino también de ser el supuesto instrumentador del vaciamiento de material bélico del Ejército.

Tampoco dejó de llamar la atención el distingo que se hace sobre las presuntas responsabilidades que tuvieron los distintos ministerios que intervinieron en la firma de los decretos y en el armado jurídico de la operación. Para la cámara, esa responsabilidad recayó en los dependientes de Fabricaciones Militares y los funcionarios de la Cancillería y Defensa. Economía, que también firmó los decretos y tuvo un delegado en la Comisión Interministerial de Seguimiento a las Exportaciones de Material Bélico, ni lo nombra. Este dato y el cambio de interpretación sobre la no conformación del gabinete como grupo ilegal dejan fuera del camino a Cavallo, quien, por las dudas, tiene recusado a Urso y en cuanto se lo nombre no vacilará en hacerlo con los camaristas.

Pero los jueces parecen olvidar que así como Yoma repartió poder e influencias por ser cuñado de Menem, también se cobijó bajo el paraguas del ministro de Economía, quien no escatimó elogios y abrió canales de financiación para las empresas del Yoma Group, el mismo al que se lo investiga como el elemento clave en la ruta del dinero por la venta de armas. «Los depósitos efectuados a través de la cuenta que la empresa Daforel poseía en el MTB Bank de New York», frase que es otro de los argumentos utilizados por los camaristas para calificar a Yoma de organizador de asociación ilícita y mantenerlo preso hasta el juicio oral y público, en el que se definirá su situación si la Cámara de Casación Penal o la Corte no revocan su procesamiento y su prisión preventiva.

Apelación

Sus abogados apelarán en días, apenas terminen los escritos y una vez que se recuperen de la sorpresa inicial que les provocó el fallo de la Sala II que esperaban para más adelante. Explicaciones sobre el apuro de Irurzun, Cattani y Luraschi abundaron: «No tuvieron tiempo de leer todo el expediente», se quejó Emir ante sus abogados, que le fueron con la infausta noticia a Campo de Mayo. Allí, resignado y en compañía de su sobrina Zulemita Menem - Zulema Yoma llamó al estudio de Mariano Cúneo Libarona para interiorizarse de la suerte de su hermano-, criticó la falta de contundencia de la decisión judicial. Sin embargo, abogados y allegados calificaron que estaba de «buen ánimo» y preparado para pelear judicialmente su situación procesal.

El mismo ánimo que los abogados de Antonio Erman González cuando le comunicaron ayer que el juez Julio Speroni, que lo había procesado y detenido un día antes por ser el presunto autor de contrabando agravado en esta venta de armas, rechazó su excarcelación. En ese juzgado se refutó la capciosa interpretación de que la medida del juez -uno de los pocos en ese fuero junto con Julio Cruciani que no ascendieron durante el anterior gobierno-fue adoptada para un hipotético beneficio de Menem. El ex presidente no sólo fue obligado a ponerse a disposición del juzgado, sino que será llamado a indagatorias, aunque debido a la responsabilidad de la Aduana, algunos peronistas sostienen que es la única causa en la que puede complicarse Cavallo.