El juez federal Jorge Urso decidirá en las próximas horas un careo en el que Emir Yoma deberá demostrar que las acusaciones del ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga son falsas. Es la única alternativa que tiene para dejar el encierro obligado -no se sabe por cuánto tiempo-que tiene en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. El ex asesor presidencial está acusado de ser el supuesto «organizador de una organización ilícita» que hizo lobby en distintos despachos ministeriales e intermedió en la venta de armas a Croacia y a Ecuador cuando esas operaciones estaban embargadas internacionalmente y porque los decretos respectivos fijaban como destino final de los embarques de esos armamentos a Panamá y Venezuela. Sarlenga también se encuentra detenido en el mismo lugar que Yoma y, antes de esta detención, había depositado una fianza de $ 150.000 para salir en libertad condicional porque estaba procesado y detenido por presunto contrabando por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien podría ser sobreseído mañana del juicio político que en su momento se tramitó en el Consejo de la Magistratura.
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Yoma fue detenido en la madrugada del sábado último en su lujoso piso de la avenida Del Libertador por una comisión policial que se reportaba directamente al juez Jorge Urso. La medida sólo fue conocida hasta unos minutos antes de la 1 por Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli, quien viene impulsando la acción penal desde el inicio mismo de la investigación en el año 1995. El ex asesor fue conducido a la nueva alcaidía de la Policía Federal, ubicada en el barrio de Lugano, donde esperó hasta la tarde de ayer para responder a la indagatoria de Urso y Stornelli. En ese lugar pernoctó en una reducida celda con baño privado hasta que fue trasladado al juzgado federal ubicado en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 y, luego de ese trámite, quedó alojado en Gendarmería hasta que Urso resuelva su situación procesal.
Sarlenga lo acusó a Yoma, entre otras cosas, de haber gestionado personalmente ante los distintos ex ministros -Erman González y Oscar Camilión (Defensa), Guido Di Tella (Relaciones Exteriores) y Domingo Cavallo (Economía)- la firma de los decretos que autorizaban los embarques de armas para Croacia que se defendía de la agresión de Bosnia en la Guerra de los Balcanes bajo un embargo de la ONU, aunque Estados Unidos no fue ajeno a estas operaciones, y para Ecuador que mantenía un enfrentamiento armado con Perú, que se conoció como «la Guerra del Cóndor» en alusión a la cordillera que separa a los dos países. En este último caso, Estados Unidos tampoco pudo alegar desconocimiento ya que el transporte se hizo en aviones de Fine Air Lines, que en la Justicia argentina se sospecha trabaja para la CIA (Agencia Central de Inteligencia norteamericana).
Hechos determinantes
Los dichos de Sarlenga -también responsabilizó a Yoma de haber destrabado la venta de cañones y material bélico pesado a Croacia cuando desde Fabricaciones Militares no se podía concretar la operación que antes habían gestionado altos militares croatas que se llegaron a Buenos Aires-deberán ser desmentidos por Yoma en un careo que se producirá entre hoy y mañana después que el ex asesor presidencial analice toda la prueba en su contra. De todos modos no es tan rápida la definición de su situación procesal, salvo que de este trámite judicial surjan hechos determinantes de su no responsabilidad en el armado y concreción de la operación de venta de armas.
Caso contrario, hasta que Urso no determine -en base a otras pruebas o indagatorias a otros ex funcionarios como González, Di Tella, Camilión o el ex jefe del Ejército Martín Balza-su presunción de inocencia, deberá permanecer detenido en un tiempo, hasta hoy, indefinido. Es que la decisión de Urso se ajustó a lo ordenado por la Sala II de la Cámara Federal y a las pruebas que se encuentran acumuladas en el expediente y que le dio pie a Stornelli para pedir la inmediata detención de Yoma apenas Sarlenga terminó de ampliar su declaración indagatoria el viernes a la noche. En ese cuadro, le fue imposible al juez demorar por más tiempo la indagatoria a Yoma y su posterior detención.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi le reprocharon al juez que «a la fecha no se ha investigado el origen proveniente de los fondos transferidos a Yoma entre 1994 y 1995». La cámara impulsó la investigación de las denuncias sobre el circuito del dinero que habrían recorrido presuntas coimas cobradas para concretar esta venta de armas: Urso apuntará, ahora, a la sociedad uruguaya Elthan Trading que -al parecer-en diciembre de 1994 habría ordenado una transferencia de u$s 2.000.000 a la cuenta de Yoma SA en el ex banco Baires a través de la cuenta del mercado financiero Daforel, que el senador radical Leopoldo Moreau señaló como operada por Pedro Stier.
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