La Justicia dispuso ayer la nulidad de un decreto que firmó en mayo pasado Fernando de la Rúa mediante el cual autorizó a Lotería Nacional la instalación de juegos mecánicos de resolución inmediata --tragamonedas-en la Capital Federal, donde una ley los prohíbe.
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El fallo asegura que las máquinas iban a ser instaladas en la Ciudad de Buenos Aires por decisión de «la administración nacional sin ningún tipo de discusión parlamentaria ni consulta a las autoridades locales», es decir, a Aníbal Ibarra, que gobierna la Capital.
La jueza Clara Do Pico, del fuero contencioso administrativo federal, respondió a una medida cautelar para declarar la inconstitucionalidad del decreto, que presentó en julio pasado el legislador porteño Atilio Alimena (cavallismo) y resolvió que quede nula la norma 494 que dictó el gobierno nacional en abril, cuando Lotería recientemente otorgó la concesión de las tragamonedas a los cinco bingos porteños.
La publicación del decreto, el 3 de mayo, reavivó una dura puja en la Legislatura porteña, donde los radicales se habían enfrentado a Ibarra cuando sancionaron la Ley de Juegos de la Ciudad, porque el frepasista dejaba abierta la posibilidad de la instalación de casinos en el distrito. Incluso quería cobrar impuestos a la ruleta flotante mientras tanto se dirimía su legalidad.
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