Casi un año de tomar comisaría en La Boca y Justicia no avanza

La Policía arroja mobiliario y objetos destrozados de la Comisaría 24 del barrio porteño de La Boca. El 25 de junio del año pasado, piqueteros comandados por D'Elía usurparon la seccional.

La Justicia no avanza en la investigación del copamiento de la comisaría 24a. de La Boca. En un mes se cumplirá un año del violento episodio sin que el juez Jorge Urso haya procesado a alguno de los 36 piqueteros involucrados. Esa noche se cometieron 10 delitos graves como lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, robo, daños, instigación a cometer ilícitos, incitación a la violencia, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Recién ahora algunos de ellos podrían ir presos, siempre y cuando prospere el pedido de detención que motorizaron los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore. Ambos apelaron la decisión del juez federal Jorge Urso, quien -por disposición de una cámara- concedió la exención de prisión de uno de los revoltosos.

En rigor, los piqueteros violentos comandados por el diputado bonaerense Luis D'Elía, deberían haber sido detenidos cuando se produjo el episodio en junio de 2004. Pero, la Justicia se tomó su tiempo.

La Legislatura bonaerense todavía guarda silencio sobre el pedido de desafuero de D'Elía. Aunque el piquetero oficialista podría haber sido detenido, porque su inmunidad parlamentaria no impera para la Capital Federal, territorio donde se cometió el delito.

Es una fortuna que los fiscales Evers y Comparatore mantengan la persecución del delito y que hayan reaccionado a una cuestionable decisión de la Sala I de la Cámara Federal. Ese tribunal anuló la resolución por la que Urso había rechazado otorgar el beneficio a Gustavo Eusebio Páez, sindicado como militante del grupo piquetero Federación Tierra y Vivienda (FTV), liderado por D'Elía.

La noche del 25 de junio pasado y la madrugada del día siguiente, D'Elía y sus milicias coparon durante horas la seccional 24ª de la Policía Federal, por el crimen de Martín «El Oso» Cisneros, un militante de la FTV.

Cuando se opuso a la libertad de Páez, Urso evaluó que los delitos que cometieron impedían conceder el beneficio. Sin embargo, la Sala I concluyó que la cantidad de delitos o su escala penal no debían aplicarse en forma automática para impedir el otorgamiento de la exención de prisión. Sino que debía analizar en cada caso si, asegurada su libertad, el i m p u t a d o eludiría a la Justicia o entorpecería la pesquisa. «Está privada de toda validez la utilización de fórmulas vacías, como recurriral simple cálculo aritméticode los máximos y mínimosde las figuras penales para justificar la aplicación de este tipo de medidas coercitivas», acotaron los camaristas Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y Eduardo Freiler para oponerse a la detención.

Urso, entonces, concedió la exención de prisión a Páez, previo juramento de que cambiará de domicilio y que se presentarácuando sea citado por el juzgado, lo que fue apelado por Evers y Comparatore.

• Repudio

Los fiscales pidieron varias veces la indagatoria de Páez y los otros piqueteros y evaluaron que, «hasta la fecha», los integrantes del movimiento social que copó la comisaría «no han dado muestras de querer colaborar con la Justicia, sino que, por el contrario, se han manifestado públicamente en actos donde justifican el accionar, demostrando su repudio al orden jurídico establecido de manera democrática».

De manera supletoria, los fiscales requirieron que, si se confirma la exención de prisión, se fije una caución « personal o real» para que «no se torne ilusorio los legítimos intereses de la sociedad de llevar a la etapa del juicio oral» el debate por los hechos registrados en la seccional policial.

Además de la detención de Luis D'Elía, Urso había ordenado la de los fiscales Norberto Quantín y José Campagnoli, entonces secretario de Seguridad y subsecretario de Protección Civil, respectivamente, pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, impidió que se concretara la medida.