Caso Greco: citan al primer testigo

Gerardo Morales, uno de los impulsores de la investigación por el millonario pago al Grupo Greco, compartió ayer tribuna en un homenaje realizado por el Día de la Mujer con Roberto Lavagna, uno de los señalados por el gobierno como responsable de esa escandalosa operación.

Todo hace prever que el caso Greco, además de generar el escándalo que provocó en el gobierno, terminará enfrentando a los jueces encargados de investigar este turbio enjuague económico. Las carpetas del caso están distribuidas en tres juzgados, pero es casi seguro que la pesquisa quedará concentrada en uno, por lo menos la relacionada con la denuncia penal. El que tuvo la iniciativa de mover la primera pieza fue Ariel Lijo. El juez federal citó a declarar al presidente del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz.

El mendocino deberá declarar el martes en la causa que ya fue caratulada como «Miceli, sobre delito de acción pública», iniciada por una denuncia presentada por el penalista Ricardo Monner Sans, el 27 de febrero pasado. En ese expediente se investiga el suspendido pago de 578 millones de pesos al desaparecido Grupo Greco que el Estado Nacional estuvo a punto de concretar. El pago se frenó porque la Cámara alta se negó a tratar su autorización.

El senador radical descartó la posibilidad de presentar su testimonio por escrito y decidió concurrir al tribunal para que Lijo tomara su declaración testimonial en persona.

El tema cobró notoriedad luego de que Sanz y el senador por Jujuy, Gerardo Morales -presidente del comité nacional de la UCR- cuestionaron durante dos sesiones en diciembre del año pasado un pago de 578 millones en bonos al ex Grupo Greco, que fue intervenido en 1980.

El pago formaba parte de una autorización de endeudamiento que pidió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero no aparecía de manera explícita quiénes eran los acreedores, sino insertado, entre otros pagos, por ejemplo a ex trabajadores de YPF.

Pedido de informe

En este sentido, los radicales hicieron un pedido de informe por vía del decreto 1172 de Acceso a la Información Pública, que firmó el presidente, Néstor Kirchner, en 2003.

Ante la anomalía y las serias sospechas que despertaba, los legisladores radicales hicieron un pedido de informe requiriéndole a la ministra Felisa Miceli una explicación sobre por qué no apeló la homologación judicial de la liquidación al Grupo Greco, y preguntándole «qué funcionario realizó la solicitud del monto a incluir en la ley» y si ella misma pidió que se efectivizara el pago.

Miceli le respondió a los senadores Sanz y Morales con la misma línea argumental del Ministerio de Economía: que el pago a los Greco no estaba contemplado en el proyecto de ley enviado al Congreso para aprobar una ampliación en la emisión de bonos.

En esa nota, Miceli involucra directamente a Roberto Lavagna en el proceso de decisión del pago al grupo.

La causa investigada por Lijo puede tener otra paralela, si es que su par, Sergio Torres hace lugar a la presentación hecha por el gobierno nacional para sumarse a la causa penal por el frustrado pago, a través de la Oficina Anticorrupción. Si Torres la acepta, aquélla será considerada parte en el expediente y tendrá derecho a consultar la causa y a presentar apelaciones. La presentación coincide con el momento en el que el juez Torres debe resolver si acepta otro pedido del gobierno impulsado por el Ministerio de Economía, que solicitó el dictado de una medida cautelar suspendiendo el pago a los Greco ordenado por un juez de otro fuero. El otro magistrado que está terciando es Francisco de Asís Soto, que lleva el juicio civil donde los Greco demandan al Estado.

La semana pasada el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un informe en la Justicia mediante el cual vinculó la deuda del ex Grupo Greco con el presunto vaciamiento « fraudulento» del ex Banco de Los Andes.

La información fue aportada a través de un escrito presentado ante el juez Torres, quien lleva adelante la denuncia formulada semanas atrás por Miceli.

En la presentación, el organismo sugirió a la Justicia que se investigue la conexión existente entre el vaciamiento bancario y el acuerdo millonario que pretende hacer valer Greco para demostrar que el Estado no es deudor del grupo económico puesto que «el dinero que reclaman los empresarios del extinto grupo se originó en un acuerdo espurio firmado con el gobierno radical del ex presidente Alfonsín».