La Corte Suprema descarta que el gobierno y el Parlamento --im-pregnados de "populismo"- vayan a declarar estado de sitio por conmoción interna económica, única salida constitucional para disponer suspensión de efectivización en los 140.000 juicios de amparo de depositantes contra el "corralito". La Corte dejará, es obvio, la impresión de que actúa por diluirse el insensato "juicio político" que se pretendía sobre sus miembros y también que no es muy constitucional -sin declarar ese estado de sitio-una acordada extraordinaria sobre el tema pero le daría una solución al gobierno, que no puede abastecer a los bancos de fondos para devolver los 60.000 millones aún retenidos a la gente. Con "maquillaje" jurídico se aprovecharía la pretensión de devolución de fondos retenidos a la provincia de San Luis para dictaminar: los depositantes tienen derecho a sus ahorros (en realidad el derecho legal ya lo poseen ahora sin acordada) pero cobra-rán recién cuando puedan pagarles. O sea que nada variará pero se evitará el "goteo" (salida de fondos de a poco) por fallos judiciales.
La Corte podría extender al resto de los ahorristas que tienen depósitos retenidos por vigencia del «corralito» financiero la entrega de un bono dolarizado a 10 años como estudia hacerlo con la provincia de San Luis -tal como anticipó este diario el jueves pasado- que se encuentra enfrentada con el gobierno nacional por la retención de u$s 234 millones en el Banco de la Nación. Este principio de acuerdo fue tirado sobre la mesa del último acuerdo por Adolfo Vázquez, uno de los ministros más alejados del actual gobierno. Será una forma de que Eduardo Duhalde cumpliera su promesa al asumir de devolverles dólares a quienes depositaron dólares.
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En realidad se trata de un acercamiento con Jorge Remes Lenicov, el ministro que mejor llegada tiene al cuarto piso de Talcahuano 550, desplazando de esos menesteres a Jorge Vanossi, a quien en la Corte no se le perdona haber cortejado con varios de ellos y después aconsejar su desplazamiento. También la Corte, fijaría el próximo 10 de este mes como la fecha para que se vuelvan a reunir representantes de la Procuración del Tesoro, Ministerio de Economía y Banco Central y funcionarios de Alicia Lemme -la gobernadora puntana- que suele encabezar Alberto Rodríguez Saá con la intención de superar el conflicto judicial y político que los mantiene enfrentados desde la caída del provisoriato de Adolfo Rodríguez Saá, quien le adjudica a Eduardo Duhalde la responsabilidad de su brevísimo interregno.
• Análisis
De todos modos, la base del acuerdo -un título público en dólares a 10 años de plazo similar al que se le otorgó a los bancos por las pérdidas que les ocasionó la pesificación- aún es materia de análisis por parte de los jueces. Es que en la Corte esperan más que señales desde el gobierno: los más suspicaces dicen no tener aún ninguna garantía de que después de haber prestado conformidad para una salida al «corralito» financiero que provoca una sangría diaria de los depósitos bancarios de u$s 30 millones sólo por fallos judiciales, igual insistan desde el gobierno con el juicio político.
Mientras la Corte y el gobierno pulsean por esta «pavada» del juicio político -según Antonio Boggiano-, el país ve cómo se desangran sus finanzas, porque la solución jurídica al «corralito» financiero aún deberá esperar una semana más, en el mejor de los casos. Grave por lo que significa para las reservas del país, y grave, por la ineptitud oficial para solucionar un problema que se creó por demagogia sin medir las consecuencias y sólo para satisfacer cacerolazos armados desde sectores con intereses en los Tribunales: los abogados laboralistas por la no derogación de la ley de accidentes del trabajo y la izquierda por los juicios a los militares, además de las encuestas, una obsesión de Eduardo Duhalde.
Algunas señales desde el gobierno y los sectores de la oposición que lo acompañan para no acusar a Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi por las obligaciones del pacto entre Duhalde y Raúl Alfonsín, endureció a quienes creen que se convertirán «en el chivo expiatorio» de la embestida política.
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