Los ministros de la Corte favorables a despesificar los plazos fijos retenidos en los bancos y reprogramados por imposición del «corralito» financiero gastaron su tiempo ayer en analizar las consecuencias de su decisión y articular un voto que no provoque un «crack» en el sistema financiero como alarmó desde temprano Aldo Pignanelli. Precisamente, uno de los máximos jueces explicó a este diario que se trata de articular una sentencia que obligue a reconocer el valor patrimonial original de la imposición bancaria, pero -al igual que lo que sostiene el voto de Carlos Fayt-se intentará obligar al gobierno y a las entidades a instrumentar la devolución de la obligación en el tiempo que se considere conveniente y de acuerdo con las disponibilidades monetarias. Un dato a favor del gobierno es que los cinco votos a favor de la despesificación difieren en cuanto a su instrumentación.
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Obviamente que esa generalidad necesita ser precisada jurídicamente porque, si bien el pronunciamiento de la Corte se referirá a un caso particular, su aplicación se extenderá a otros casos análogos. O sea, a todos los que -al igual de Mirta Beratz, de Bahía Blanca-reclaman judicialmente que los bancos les devuelvan en dólares o en la moneda que se haya pactado o en pesos nacionales, pero al cambio del último día hábil a la restitución, los fondos depositados en plazos fijos. El trazo fino quiere pasarse ahora porque, también para alarma de varios ministros judiciales, el voto de Fayt podría abrir la canilla para el «libre albedrío» de los jueces de primera instancia que no se han caracterizado en este caso por la prudencia en fallar en contra de los bancos al punto de hacer cumplir «manu militare» sus recursos de amparo que en muchos casos se asemejó a sentencia definitiva.
Este panorama inquieta a los hombres del gobierno que, también ayer, gastaron teléfonos para auscultar cómo avanzaba la decisión de la Corte, siendo uno de los más activos -obviamente-el ministro de Justicia, Juan José Alvarez. Desde el otro lado, según fuera el interlocutor, se tranquilizaba con que después del fallo de la Corte, deberán los jueces de primera instancia y las Cámaras quienes decidan sobre cada caso en particular, lo que les daría a los bancos y al gobierno el tiempo necesario para articular la devolución que -como se prevé- exigirán en masa los ahorristas. En ese contexto, volvió a cobrar fuerza la implementación de un bono compulsivo -no voluntario como rige ahora-y dolarizado para encuadrarlo en el fallo de la Corte.
En esta discusión, no hubo distinciones de menemistas o no menemistas; incluso Enrique Petracchi, pese a haberse excusado por tener dinero retenido en el «corralito» financiero y ser parte directa en el juicio, opina y es escuchado en las reuniones informales interdespachos de la Corte. Para Petracchi la Corte debería inclinarse por una sentencia de aplicación gradual, contrario a la liquidación inmediata que propugna Fayt.
En el punto intermedio se ubican Guillermo López y Adolfo Vázquez, convertido en otro de los requeridos por los «hombres del Presidente» (Eduardo Duhalde) ante la Corte, aunque no tanto como Antonio Boggiano, quien volvió a debatir en soledad para evitar una sentencia contraria a la pesificación. Ni siquiera su ánimo estaba entonado por las versiones oficialistas de ser nominado para La Haya porque se encargó de desmentir -por cábala-que esa presentación haya ocurrido como la presentaron los diarios. Hasta Nicolás Reyes -el «décimo ministro judicial» en la jerga tribunalicia y de línea directa abierta permanente con Julio Nazareno en el exterior-pudo evitar los acosos de los funcionarios de Economía.
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