Corte avaló "corralito", pero en forma temporaria

Ayer la Corte le dio un respiro al gobierno. Decidió avalar jurídicamente, en forma temporaria, el «corralito» financiero que decretó Domingo Cavallo. Por mayoría -se reunieron 5 ministros sobre 9- el máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Banco Central y suspendió inmediatamente la vigencia de los amparos que habían dictado varios jueces en favor de ahorristas. La medida no sólo se extiende sobre los recursos concedidos por el juez Martín Silva Garretón, sino por varios magistrados federales del interior del país. De todos modos, la resolución de la Corte aclara que no se pronuncia sobre la cuestión de fondo, o sea el derecho de propiedad de los ahorristas sobre su dinero y su libre disposición en épocas de normalidad económica. Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano se reunieron en acuerdo extraordinario y en cinco líneas definieron una situación que preocupa sobremanera a los bancos y puede hacer caer el plan económico que intentan llevar adelante el gobierno. De alguna manera se los hizo saber el viernes pasado el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, quien a cambio se ha esforzado por detener la embestida contra la Corte por parte de un sector del mismo gobierno - hasta Hilda Chiche Duhalde habló mal de los jueces- y sectores políticos de la izquierda como el ARI de Elisa Carrió y el Frepaso. No estuvieron Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Gustavo Bossert, pero tampoco se opusieron.

• Preocupación

La acción de este sector de la política se subió a la protesta de los tenedores de plazos fijos que el pasado 28 de diciembre salieron a batir cacerolas para protestar por el primer fallo de la Corte que le ordenó al camarista Claudio Kiper devolver un depósito que se había pagado merced a un amparo concedido por Silva Garretón, ratificando el Decreto 1.570/01. De todos modos, Kiper no fue el único que liberó fondos. Ni el camarista en lo Penal Económico Marcos Grabviker ni el juez del crimen Ricardo Rizzo Romano salieron a desmentir actitudes similares. Estos hechos preocuparon en la Corte por la imagen de desigualdad ante la ley porque la gran mayoría de los ahorristas se debió contentar con el límite de $ 250 semanales. En Chaco y Corrientes hubo otros miembros de la familia judicial que utilizaron sus cargos para liberar fondos, obviamente, apoyados por amparos que concedieron otros jueces.

Pero además la Corte le otorgó legitimidad al recurso del Banco Central en el juicio iniciado por la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, contra el Poder Ejecutivo Nacional. La fundamentación de los ministros se basó en lo dispuesto por el artículo 195 bis del Código Procesal Civil de la Nación, recientemente modificado por el ex presidente Fernando de la Rúa y por la ratificación que hizo del Decreto 1.570/01 el Congreso de la Nación al sancionar la Ley de Emergencia Económica. De todos modos, la Corte -pese a que la Constitución convalida a los decretos de Necesidad y Urgencia ratificados por una ley- no arriesgó opinión sobre la cuestión de fondo, o sea la presunta inconstitucionalidad de esa norma del Poder Ejecutivo o de la legislación aplicada por diputados y senadores.

La reforma en el Código Procesal Civil faculta a la Corte a utilizar el per saltum -los planteos obvian la revisión en segunda instancia- para aquellos juicios que pongan en peligro o alteren cuestiones sustanciales del Estado. Esa misma cuestión de excepcionalidad fue aceptada por el ministro de Justicia -profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, La Plata y otras casas de altos estudios, además de tratadista en la materia- al reconocerle a la Corte facultades de discrecionalidad en base a la razonabilidad y la prudencia para determinar ciertas restricciones en el derecho individual en defensa del bien común, principio tutelado por la Constitución.

• Malestar

Pero el recurso ante la Corte no sólo fue presentado por el Banco Central, sino por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente, Roberto Felleti y el intendente porteño Aníbal Ibarra abogaron hasta el cansancio para que los máximos jueces mantengan «el corralito». Por ello el malestar por la actitud de Ibarra que llevó a más de un ministro de plantear sobre la conveniencia de continuar con los depósitos judiciales en ese banco y transferirlos al Nación. El Banco de la Ciudad maneja unos $ 65 millones mensuales provenientes del Poder Judicial, además, de los depósitos que quedan en sus arcas por las obligaciones dinerarias que marca la ley para los juicios comerciales y civiles.