Crece la desorientación del juez Urso en causa

En todos los ambientes jurídicos se da por descontado que el diario monopólico «Clarín» es el «vocero de prensa» del juez Jorge Urso, del fiscal Carlos Stornelli y los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani, y su fin último es la detención del ex presidente Carlos Menem. Recuérdese a este efecto que «Clarín» tituló una tapa, al día siguiente, descartando como maniobra una declaración de Domingo Cavallo sobre la posibilidad de que el traficante de armas Al Kassar tuviera culpabilidad.

Tan inmediata fue la réplica, que desde allí surgió la impresión de que más que «vocero», el diario de las familias Magnetto-Noble era directamente los jueces puesto que opinaba antes que el magistrado y el fiscal e inducía las decisiones finales de éstos.

Muchas más decisiones se conocieron antes por «Clarín» que por resolución del juez. Por ejemplo, uno de los abogados del ex presidente se enteró por un periodista radial que adelantaban la citación de Carlos Menem. Otro ejemplo es que «Clarín» daba por seguro que Menem quedaba preso. Por eso la edición de ayer del matutino se considera como un «anuncio de lo que sobrevendrá en la causa».

Si lo dice el diario que es vocero.

Inclusive la defensa de los implicados tiene que guiarse por «Clarín»; por eso alarmó ayer que desde el monopolio se hiciera hincapié en «condiciones de los vecinos», «manifestantes» y otras creaciones que serían preludio de otro parcialismo: endurecerle las condiciones de detención domiciliaria a Carlos Menem.

Aparte de eso se comentaba un desconcierto creciente en el juez Urso, el fiscal Stornelli, y los camaristas Cattani e Irurzun -4 de las 5 personas de evidente actuación estrecha y combinada, junto con «Clarín», para incentivar la causa armas y llevarla al nivel político de detener a Carlos Menem.

Según «Clarín», Urso hoy está pensando que si se tienen pruebas de que Emir Yoma cobró una coima de 400.000 pesos por la venta de armas, se «destruiría la cortada» -así la menciona «Clarín»- de que el decreto del gobierno fue por razón de Estado y por lo tanto «decisiones de política exterior de un gobierno que no son judiciables», como en forma muy elogiada planteó el escrito redactado por el estudio del doctor Cavagna Martínez el día en que Menem -jueves pasado-se negó a declarar. El ex presidente no podía convalidar el «gobierno de los jueces» que es el disparate jurídico que plantea el accionar de Urso, Stornelli, Irurzun y Cattani, cuando cualquier miembro del Poder Judicial se decide a juzgar actos de un go bierno que no son delictivos. Un decreto de venta de armas nunca puede ser en sí un delito. Puede serlo si alguien cobró una coima. Pero se juzga esto, entonces. De hecho, el juez Urso tiene una causa abierta por presunta coima de algún funcionario menor pero no la acciona porque le interesó siempre detener ministros e, inclusive, a un ex presidente.

Que se haya cobrado una coima es posible. De hecho, en cada donativo a personas tan sufrientes como los inundados hay quienes se apropian de víveres, frazadas y de la ayuda en general que se envía desde el gobierno.

Pero no se puede juzgar al gobierno por disponer la medida. Menos aún acusarlo de asociación ilícita simplemente por gobernar. Puede hacerlo bien o mal pero el Poder Legislativo puede -juicio político, por caso-juzgar al Poder Ejecutivo. O pueden juzgarlo los ciudadanos con el voto en las urnas. Pero no un juez, camarista o Corte Suprema por decisiones políticas o de ejercicio del mando de un Poder Ejecutivo electo constitucionalmente.

Con el criterio de Urso, Stornelli, Irurzun y Cattani más el cizañeo de «Clarín» también debería ser acusado de «asociación ilícita» el gobierno de Carlos Menem por haber resuelto en reuniones de gabinete otorgar los planes Trabajar a desocupados, porque en el actual gobierno de Fernando de la Rúa fueron desviados ilegalmente un montón de esos planes hacia estudiantes activistas de Franja Morada en la Universidad, un acto que se atribuyó al Ateneo Centenario del diputado radical Jesús Rodríguez.

Ridículo

Un «desvío», una coima lisa y llana como consecuencia de una medida gubernamental ¿Permite que un juez juzgue al gobierno que la dispuso y haga detener al presidente de la Nación en ese momento? En todos los sectores se considera ridículo sostener esto que sostiene Urso, según el vocero «Clarín».

Otro aspecto que refiere el diario monopólico como «preocupación del juez Urso» es la diferencia entre los 40 millones que entraron a Fabricaciones Militares por la venta de armas y los 100 millones que, según una versión, costaban.

En primer lugar, es obvio que si hubo una subfacturación de exportaciones tuvo que intervenir el ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien Urso y sus operadores en el caso quieren aislar y no convocar. Si cita a Domingo Cavallo, como el ministro de Economía recusó a Urso dos veces señalándolo como uno de los «jueces de la servilleta», la causa pasa a otro juzgado y Urso y colaboradores pierden el protagonismo que les da «Clarín».

Sin embargo, nadie seriamencree que por eso deba ser convocado Cavallo. En cualquier exportación se toma el precio FOB (libre a bordo), cualquiera sea el flete, seguros, reaseguros, ganancia de intermediarios etc. Más en el caso de las armas.

No se sabe si valían 100 millones de dólares las 6.500 toneladas -más por provenir de un país emergente como la Argentina y por las quejas de los mismos que las recibieron sobre la calidad-. Igual el precio posterior al que a alguien le conviene vender es imposible de controlar y sólo es delito -en cualquier exportación públicacon el recibo de contraparte porque hubo «subfacturación».Ahora que no hay obligación de liquidar divisas (son del exportador) tampoco le importan al Estado las ventas al exterior de particulares, salvo para estadísticas e impuestos. Ahora se controla que no se sobrefacturen porque hay reintegros desde el Estado. Para controlar la subfacturación o sobrefacturación, el país tiene un sistema comprado a Francia llamado «María» que maneja la Aduana, y la Aduana depende del Ministerio de Economía.