Las relaciones de Jorge Reynaldo Vanossi con los jueces de la Corte marchan hacia un enfriamiento total después de que su asunción como ministro de Justicia fuera aplaudida sin excepciones -menemistas, radicales, liberales y socialistas-en el cuarto piso de Talcahuano 550, un lugar que supo gastar el funcionario de Eduardo Duhalde. Palabras como «está tirando más de 40 años de prestigio profesional» o «ahora, Vanossi castiga a la Corte porque falla de acuerdo con derecho» (fallo del «corralito») se escucharon ayer en esas instancias sin ningún tipo de reparos en respuesta a las últimas declaraciones del ministro a los medios en contra del máximo tribunal.
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Ayer, Vanossi -por sí o por medio de sus mandantes-salió a cruzar los apoyos internacionales -algunos más directos que otros-que viene recibiendo la Corte desde que el duhaldismo decidió impulsar el juicio político en su contra, rápidamente tomado por el ARI, un sector del radicalismo, aunque hasta el momento acompañan todos los diputados de esa comisión por disciplina partidaria y grupos de izquierda alineados en torno a Elisa Carrió. «La emergencia que vive la Argentina ha determinado al gobierno nacional, desde su asunción, a redoblar el interés por el resguardo de los derechos y garantías constitucionales», cruzó el ministro de Justicia.
•Cuestionamientos
Los destinatarios son la Unión Internacional de Magistrados, un relator especial de las Naciones Unidas y algunos pedidos diplomáticos del Fondo, el propio gobierno de Estados Unidos y otros organismos que ponen su acento en la incertidumbre jurídica que genera un juicio a la Corte basado en consideraciones netamente políticas y al son de las encuestas y no en argumentaciones de peso jurídico, fundamentalmente de índole penal, como exige la Constitución. A estos cuestionamientos se sumaron ayer declaraciones de Patricia Bullrich, rechazando que a la Corte se la juzgue por el contenido de sus sentencias.
Precisamente en este punto radica el temor de estas organizaciones internacionales. El más reciente reclamo proviene del Grupo Iberoamericano de Trabajo de la Unión Internacional de Magistrados, que agrupa a representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. Durante un encuentro de trabajo realizado este fin de semana en Asunción (Paraguay), se rechazó sobre el ataque contra la Corte y se decidió constituir una comisión multilateral para llevar el caso argentino ante organismos internacionales de derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para el Resguardo de la Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
La organización iberoamericana consideró que «afectan dichos principios (la independencia de los jueces y la vigencia del estado de derecho) las iniciativas genéricas e improvisadas, como la puesta en comisión del Poder Judicial, el juicio político a magistrados por el contenido de sus sentencias, sin que medie delito, manifestaciones públicas de prejuzgamiento que incluyen la sentencia final de remoción por quienes, precisamente, están encargados de llevar adelante el juicio político respectivo, y el alzamiento de funcionarios de otros poderes del Estado, respecto de las decisiones jurisdiccionales».
Ante este embate, Vanossi firmó un comunicado que defiende indirectamente el juicio a la Corte, porque, «en la compleja y grave situación que urge resolver, no se pretende colocar a la Constitución nacional como escudo para defender intereses sectoriales, sino aplicarla para garantizar los derechos de todos». Luego aclara: «La emergencia, a su vez, de carácter transitorio, impone redoblar esfuerzos para que el derecho de cada uno no haga de la protección un objetivo meramente individual ni deje a la intemperie a los que menos tienen. El gobierno tiene claro que sin estado de derecho no hay seguridad jurídica, y viceversa. Pero, sin defender el interés público ni el bien común, tampoco se puede sostener el estado de derecho». Después termina con una obviedad para su trayectoria de jurista al asegurar que «existe plena convicción de gobernar en la emergencia» sin vulnerar tales principios.
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