La Corte definirá esta semana los detalles del fallo en contra de la pesificación, pero ya es criterio mayoritario que el lunes 30 se conozca la sentencia que preocupa seriamente al gobierno.
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El pronunciamiento, hasta anoche, contaba con el voto favorable de 7 de los 9 ministros judiciales: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Carlos Fayt, Guillermo López, Adolfo Vázquez y los conjueces Santiago Kiernan y Edgardo Bello son partidarios de declarar inconstitucional a la pesificación aunque con diferencia de matices. Precisamente Nazareno quiere dejar en manos del Poder Ejecutivo y del Congreso la forma cómo se devolverán los fondos retenidos para evitar que se produzca una estampida generalizada que provoque la quiebra del sistema. Pero en la Corte existe consenso de que a ese Tribunal no le corresponde instrumentar la política económica sino decidir si el reclamo de María Esther Beratz se ajusta a derecho. La demora en una semana para establecer la fecha del acuerdo obedeció a un pedido de Moliné O'Connor que se debió ausentar por las fiestas navideñas pero ocupará su asiento en la nonogonal mesa donde se deciden las causas que llegan a la Corte.
También, no son pocos los jueces supremos que le quieren quitar dramatismo a su fallo al asegurar que se remitirá únicamente al reclamo de la ahorrista bahiense que pretende la restitución de la diferencia entre lo que cobró por pesificación de un plazo fijo de u$s 13.000 y lo que tendría que haber percibido si se le aplicaba una paridad cambiaria del mercado libre. El Banco Nación sólo reconoció el pago de esa cifra a una conversión de $ 1,40 por cada dólar depositado más la correspondiente indexación prevista en el CER. Pero, ese argumento es refutado desde los bancos con la fundamentación de que por tratarse jurisprudencia de la Corte, los jueces de grado (instancias inferiores) van a fallar en sintonía y desde el primer día hábil después de la feria judicial -1 de febrero- se van a llenar de recursos de amparos, obligando a las entidades a devolver el dinero en forma compulsiva. Por eso insisten en que la sentencia de la Corte debería establecer el cómo y no sólo el porqué de la restitución dineraria.
Precisamente, estos detalles son los que deberán aclarar los máximos jueces, quienes rechazan el criterio de que la Corte deba preocuparse por la equidad en sus fallos sino que la cabeza del Poder Judicial debe velar por el cumplimiento del valor Justicia. «¿Si no dónde estaría la defensa de los derechos individuales que consagra la Constitución?», se preguntó uno de ellos, que reniega de la amenaza de que con esta sentencia de la Corte se vayan a dañar millones de personas. «Es otra mentira que le vende (Roberto) Lavagna a (Eduardo) Duhalde», se ofuscó y negó que la Corte se vaya a pronunciar sobre los deudores hipotecarios como deslizó el Presidente. Otra definición escuchada en Tribunales es que los bancos se arreglen con los clientes como ya lo vienen haciendo cuando tienen que responder por los amparos para acreedores enfermos o mayores de 70 años.
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