La entidad que preside Ricardo Gil Lavedra presentó una acción colectiva de amparo contra aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral y reclamó una medida cautelar para suspender de inmediato dos artículos que, según sostiene, afectan el ejercicio profesional, el cobro de honorarios y el acceso a la Justicia.
El CPACF presentó un amparo contra dos artículos de la reforma laboral y pidió suspender su aplicación.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción colectiva de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de aspectos centrales de la nueva Ley de Modernización Laboral. La demanda apunta contra disposiciones que, según sostienen, afectan el ejercicio profesional, el cobro de honorarios y el acceso a la Justicia.
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La presentación fue encabezada por el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, y está dirigida contra el Estado Nacional. En el escrito, el Colegio advierte que las modificaciones “vulneran garantías consagradas por la Constitución” y tratados internacionales, en particular el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.
El planteo judicial se centra en dos artículos de la ley: uno que introduce cambios en el régimen de costas en juicios laborales y otro que regula la forma de pago de las sentencias.
Sobre el primero, el CPACF cuestiona que se pueda responsabilizar a los abogados por los costos del juicio cuando exista una “sobreestimación de los créditos reclamados”. Según sostienen, se trata de un criterio “objetivo” que ya no requiere probar mala fe o conducta temeraria.
En ese sentido, el escrito advierte que la norma “coacciona a los abogados y abogadas” y genera un “cercenamiento” en la posibilidad de litigar, ya que los expone a pagar costas incluso sin haber actuado de manera indebida. Para la entidad, esto implica un “amedrentamiento liso y llano” sobre los profesionales que trabajan en el fuero laboral.
El segundo eje del reclamo apunta a la posibilidad de que las sentencias laborales se paguen en cuotas. Según la demanda, esto impacta directamente en los honorarios de los abogados, que podrían cobrarse de manera diferida.
El Colegio sostiene que esa modalidad “contraría el derecho a una retribución justa” y advierte que los profesionales podrían tener que esperar años para cobrar, sumado a los plazos propios de los juicios.
Además, señalan que la norma “cercena el derecho de los abogados y abogadas a trabajar y ejercer libremente su profesión”, al alterar las condiciones en las que perciben sus ingresos.
Otro de los puntos fuertes de la presentación es la supuesta desigualdad que introduce la ley. Según el CPACF, las nuevas reglas afectan únicamente a quienes litigan en el fuero laboral, lo que genera un trato desigual frente a abogados de otras áreas.
“Se estaría discriminando a los abogados y abogadas laboralistas respecto del resto”, señala el escrito, al tiempo que cuestiona la falta de fundamentos para esa diferencia.
La entidad planteó el caso como una acción colectiva, con el objetivo de que el eventual fallo tenga efectos sobre todos los abogados que litigan en materia laboral. Además, solicitó una medida cautelar para suspender de inmediato la aplicación de los artículos cuestionados, al advertir que su vigencia provoca “un daño actual de imposible reparación ulterior”.
En ese marco, remarcaron que la situación reviste “gravedad institucional”, ya que —según sostienen— están en juego derechos constitucionales y el funcionamiento del sistema judicial.
Con el patrocinio de la coordinadora Legal y Técnica de la institución Alejandra García, se pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, modificatorios de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A días de la promulgación de la ley, el excamarista Gil Lavedra reiteró que dichos artículos afectan a la profesión. “Una norma, la que dispone el pago en cuotas de la indemnización, crea una desigualdad irritante del crédito laboral, que posee carácter alimentario”, aseguró. Finalmente, la otra tiene que ver con que “establece la responsabilidad del profesional por pedir en exceso una indemnización, apreciado esto de manera solo objetiva”.
La presentación se funda en la afectación directa que dichas disposiciones producen sobre el ejercicio de la abogacía laboral, al introducir un régimen que compromete el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley de los abogados y abogadas.
A su turno, Alejandra García consideró que “no se trata de la defensa de un interés sectorial, sino de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria”.
Gil Lavedra y García alertaron que “estas disposiciones afectan no solo a los profesionales, sino también al acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras”. Finalmente, se solicitó además el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas.
Ahora será la Justicia la que deba decidir si admite el planteo y si suspende provisoriamente las normas impugnadas, en medio de una creciente judicialización de la reforma laboral.
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