El giro que hizo Néstor Kirchner en su relación con las Fuerzas Armadas parece ser la señal que esperaban los magistrados de la Justicia Federal para mover las causas contra violaciones a los derechos humanos. En vísperas del viaje del juez Sergio Torres a España para recabar información sobre la megacausa ESMA, la Cámara de Casación Penal anuló el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había rechazado la pretensión del marino Ricardo Cavallo de ser extraditado a la Argentina para su juzgamiento por los tribunales naturales y no por los de México y España.
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El ex capitán de fragata retirado Ricardo Cavallo está preso en la cárcel de Soto del Real, en España, procesado por el juez Baltasar Garzón por los presuntos delitos de genocidio, tortura y terrorismo, cometidos en la Argentina cuando prestaba servicios en la ESMA.
Fue detenido en México en 2000 y de allí se lo extraditó a España por una orden de captura internacional cursada por Garzón. Ahora, la Cámara de Casación cuestionó en un escrito de seis carillas, fechado el 23 de setiembre, lo actuado por los jueces de la Cámara porteña en el caso Cavallo: «Surge nítido que en la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad que luce a fojas 376/381 y que ha sido recurrida en casación, se ha omitido dar tratamiento y respuesta al referido tópico» ( n. de la R.: la competencia de los tribunales nacionales para juzgar a Cavallo).
• Cuestionamientos
En aquel momento, el apoderado del ex militar solicitó a la Justicia Federal (la causa la tuvo Adolfo Bagnasco y de allí pasó a la Cámara Federal) que el Estado impidiera la extradición del marino de México a España y que se lo sometiese a la Justicia argentina. El alto tribunal penal no fue el único en observar la decisión de la polémica Sala I integrada por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi (quien tiene un familiar directo que trabaja en la Armada) y Martín Irurzun. El fiscal general de Casación Raúl Pleé había cuestionado ya en mayo pasado, en un escrito de tres carillas, que la Cámara Federal no hubiera trabado la extradición de Cavallo a España cuando había causales penales que responder aquí en las actuaciones de la ESMA.
Se trata de un caso paradójico pues mientras Kirchner impulsó la política de juzgar nuevamente en el país a todos los militares imputados por violación a los derechos humanos -línea que acompañó el Congreso con su dudosa acción de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final-, el marino retirado continúa sometido a una jurisdicción extranjera por los mismos delitos que aquí investiga Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12. El primer efecto jurídico de la anulación legislativa de las leyes del perdón fue que la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de las dos grandes causas por violaciones a los derechos humanos que quedaron paralizadas cuando se sancionaron esas normas en el gobierno de Raúl Alfonsín: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo del Ejército.
El próximo 23 de octubre, Torres viajará a Madrid acompañado por el fiscal federal Jorge Taiano con el propósito de reunir y valorar testimonios para la megacausa ESMA; y al igual que Rodolfo Canicoba Corral, tiene una entrevista con el español Baltasar Garzón. El tour madrileño podría complicarse pues la Cámara Federal está obligada a girarle el expediente de Casación sobre Cavallo. De esa manera Torres quedaría en la situación de tener que resolver si es o no competente para imputar al marino en sus investigaciones y eventualmente traerlo detenido. Un golpe para el sector de los derechos humanos en el exilio que aún vive de la causa política de los procesos judiciales en el exterior. Los defensores oficiales Silvia Otero Rella y Rodolfo Catinelli también pidieron autorización para viajar a España; aducen que si el juez Torres tiene intenciones de tomar nuevas declaraciones a presuntas víctimas de la ESMA, los imputados en esa causa no pueden quedar en estado de indefensión que se concretaría por la ausencia de las partes en la audiencia. Además, dijeron que el magistrado tiene sin resolver la apertura de un testimonio para extraditar al marino, pedido por Oscar Cavallo, apoderado y padre del presunto represor.
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