Familiares y ONG piden hoy la revocatoria del mandato

Jorge Telerman

Los familiares de las víctimas de la tragedia de la disco República de Cromañón y tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales) se presentarán hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para pedir un recurso de revocatoria de mandato contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dejándose abierta la posibilidad de que se extienda al vicejefe, Jorge Telerman, en caso de comprobarse responsabilidades concretas en ese hecho. En sus argumentos se lo acusa a Ibarra de supuesta negligencia para ejercer el cargo de titular del Ejecutivo de la Ciudad en base a las graves irregularidades que provocaron la muerte de 191 personas.

La Constitución porteña obliga a los máximos jueces locales a conceder el recurso bajo la condición de que deben reunirse la adhesión de 20 por ciento ( alrededor de 500.000 firmas) del padrón electoral para convocar a un plebiscito vinculante que decidirá -dentro de 90 días y con 50 por ciento de los sufragios más un voto- si el actual jefe de Gobierno continúa en sus funciones o si debe renunciar. En ese caso completa el período el vicejefe, pero si éste es incluido en la revocatoria, la Legislatura debe convocar a elecciones anticipadas. En estos momentos, ese cargo lo detenta Santiago de Estrada, del Frente Compromiso para el Cambio de Mauricio Macri.

Las ONG que se plegaron a la presentación de los familiares son Fundación Bicentenario, de Juan Curutchet; IBAPE (Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico), de Alberto Delfico; y Asociación Civil de Defensa del Consumidor, de Sergio Fabián Bergenfeld que, además, patrocina a familias de personas fallecidas durante la trágica noche del 30 de diciembre pasado. Este abogado -hermano de la diputada macrista Sandra Guillermina Bergenfeld-es el mismo profesional que asiste al actor devenido en político Nito Artaza por su reclamo del dinero retenido en el « corralón» bancario y al ex juez de la Corte Adolfo Vázquez en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con asiento en Washington para que sea repuesto en su cargo.

Precisamente, Bergenfeld utilizó doctrina elaborada por Vázquez en su libro «Responsabilidad aquiliana del Estado y sus funcionarios», tomada en base a lo establecido en el artículo 1.102 del Código Civil, para lograr que la jueza María Angélica Crotto decretase la inhibición de los bienes de Ibarra y sus ex funcionarios Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin.

• Pruebas

La medida judicial fue tomada en carácter preventivo por si se encuentran mayores responsabilidades penales a estos funcionarios durante el desarrollo de esta parte del proceso, que debe finalizar el 4 de febrero aunque nada impide que resuelva antes, quizás el próximo lunes. Hasta el último día fijado tiene plazo la magistrada para resolver la situación del único detenido hasta el momento, el empresario de la noche Omar Emir Chabán, quien aparece como el gerente responsable de Cromañón aunque la disco está a nombre de tres sociedades diferentes, dos de ellas con radicación en Montevideo ( Uruguay). Si bien Chabán se negó a declarar en sendas convocatorias a indagatorias, se estima en medios allegados a la investigación que su procesamiento es un hecho por las pruebas que se encuentran reunidas en el expediente.

Pero nada indica -todo lo contrario- que serán las únicas resoluciones procesales que tomará Crotto -una jueza de bajísimo perfil mediático y de duro carácter que ya tuvo un fuerte enfrentamiento con los ex funcionarios del ministerio de Justicia y retornados fiscales, Norberto Quantín y Juan Carlos Campagnoli por su irregular intervención en la Comisaría 24ª tomada por los piqueteros de Luis D'Elía-sino que habrá de extenderse hacia otros presuntos responsables. Para los abogados de los familiares de las víctimas, ése es el sentido que se buscó con los embargos preventivos porque se analiza si Ibarra, López y Fiszbin incurrieron o no en supuesto «incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

Un procesamiento de Ibarra por estos cargos sería excarcelable aunque jaquearía al jefe de Gobierno en su complicado cuadro de situación política. Pero, además, los abogados que representan a las familias como parte querellante del proceso pretenden que la jueza impute a los funcionarios municipales por los presuntos cargos de «encubrimiento y homicidio múltiple con dolo eventual» que podría llevar a la cárcel a más de uno de los acusados.

También los abogados ya han rechazado la propuesta de indemnizar con un tope de 300.000 pesos a cada una de las familias de las víctimas de Cromañón porque consideran que nada obliga a aceptar un tope. El letrado Marcelo Parrilli negó que los deudos puedan continuar con las acciones judiciales civiles en contra del Gobierno porteño si aceptan este pago como aconsejaron los abogados de Ibarra y, por el contrario, sostienen que la oferta significa un reconocimiento tácito de la responsabilidad de los funcionarios municipales en los hechos previos que desencadenaron la tragedia de Cromañón.