Frío como pocos, cumple con Alfonsín y Kirchner

Augusto César Belluscio, dice una leyenda legislativa que nadie quería anoche confirmar, debió haber renunciado hace casi quince años a la Corte Suprema de Justicia. En 1991, acosado por un juicio político que fogoneaban el menemismo dominante, un sector del radicalismo que encarnaba el entonces diputado Miguel Ortiz Pellegrini y la provincial Cristina Guzmán, el magistrado le habría prometido a la comisión juzgadora del Congreso esa dimisión a cambio de que dejase caer el proceso.

El bloque UCR, que en aquellos tiempos dominaba abiertamente el alfonsinismo, escuchó ese pedido formulado entre cuatro puertas y accedió a una salida incruenta de Belluscio. Quienes cuentan esta leyenda todavía lamen las heridas que les dejó el incumplimiento de Belluscio de aquella promesa que efectúa recién ahora pero con otros motivos.

Si hubo una falla ética entonces, no la hay ahora. A Raúl Alfonsín también le podrá decir que renuncia en la fecha justa en que la Corte está por tratar el proyecto que declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final, aquellas normas dictadas por el miedo en 1987, según el ex presidente radical, y que trataron de rescatar el logro que fueron para aquella gestión los juicios a las juntas.

• Insistencia

Como Belluscio quiere estar en la silla del 4° piso del Palacio de Tribunales hasta setiembre, igual podrá votar contra ese proyecto -el que seguramente avalarán sus colegas, aun aquellos que pensaban distinto-, en realidad insistiendo en el mismo voto que hizo en todas las ocasiones en que le tocó respaldar el Punto Final y la Obediencia Debida.

Pocas veces ha habido un hombre público en la Argentina contemporánea con tanta frialdad para enfrentar las adversidades, que concluyeron en acusaciones que le llegaron a valer más de 18 pedidos de juicio político en el Congreso, desde haber estado mezclado en un episodio criminal en París hasta tener relaciones peligrosas con un estudio jurídico, pasando por un juicio de divorcio en el cual fue objeto de una fuerte multa y otra querella con Horacio Verbitsky, a quien lo corrió hasta la Corte de Costa Rica. A raíz de esa querella fue derogado en la Argentina el delito de desacato, la última barrera de respeto con que contaban los funcionarios y magistrados para contener la bronca del público.

Belluscio es uno de los expertos en derecho de familia más importantes del país; ha sido discutido como pocos en la Corte, pero nunca intentaron invalidarle su ciencia. La frialdad que lo caracteriza le permite ahora hacerle un favor al gobierno Kirchner, cuya mayoría automática se ha negado a integrar en la Corte.

En el pliego de sus avatares políticos hay que anotar la pelea sempiterna con el actual presidente Enrique Petracchi. Han pulseado durante más de 20 años por fracciones del poder en el tribunal, pero Belluscio nunca pudo ocupar la presidencia. Como magistrado se le deben sentencias esenciales en momentos clave: redactó la que exculpó de una asociación ilícita a Emir Yoma, lo cual permitió la salida de varios detenidos por el caso armas, entre ellos Carlos Menem. En el jury de enjuiciamiento de magistrados votó contra la destitución de Roberto Marquevich, el juez que se animó a detener a Ernestina de Noble, titular del monopolio «Clarín» y a cuya represalia se sumaron muchos, no este juez.

Dos incisos finales: 1) cuando el juez Juan Carlos Maqueda y señora fueron golpeados en febrero pasado o cuando al procurador Esteban Righi le incendiaron la puerta de la oficina ahorristas furiosos, habrán extrañado el delito de desacato, derogado por el Congreso como resultado del juicio Belluscio vs. Verbitsky; 2) Carlos Menem, forzado por un fallo de Costa Rica a derogar esa figura, aprovechó un incidente callejero para justificar el envío del proyecto al Congreso. Fue durante una visita en 1992 al diario «La Mañana del Sur», de Neuquén. Cuando se dirigía al centro de esa ciudad, una vecina le hizo un gesto ominoso al presidente. Fue detenida por la Policía local con la acusación de presunto desacato. El ex presidente ordenó su libertad y para enaltecer ese perdón callejero mandó el proyecto de derogación al Congreso.