Sostenía Carrel que «todos tenemos el privilegio de no obrar razonablemente cuando nos viene en gana». Pero ese privilegio de nuestra inteligencia de seguir o no a su antojo los principios de la lógica y congruencia está acotado cuando se trata de la labor de jueces o fiscales. Y el menos avisado se da cuenta de que en Morón como en gran parte de la provincia de Buenos Aires los sospechosos gozan de una garantía excarcelatoria casi criminal que curiosamente no se aplica al padre Grassi.
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Esa sola situación, más las irregularidades que viene diariamente explicando Ambito Financiero como la acreditada conexión San Isidro de la jueza Mirta Rivera Godoy, la sustitución de prueba por parte del fiscal Flores y la consecuente actitud cobijante del jefe de los fiscales Woodgate a todas estas anormalidades -que al no excusarse imprime nulidad al reciente dictamen incriminatorio de su subordinada Bustamante-nos está hablando «prima facie» de un procedimiento realizado con una finalidad sospechosa.
Esto hace que la prisión del padre Grassi sea «fruto de un árbol venenoso», teoría ésta enarbolada justamente por quienes hoy acusan desde los medios a dicho sacerdote y por la cual debe anularse el procedimiento independientemente de la culpa-bilidad o no del imputado.
Pero a no dudarlo que un mínimo de lógica indica que esto no puede terminar así, pues tarde o temprano deberán iniciarse acciones penales donde se examinarán las conductas de todos los funcionarios judiciales actuantes, cualquiera sea la definición de la libertad del padre Grassi. Sobre todo porque también está claro que existe conexión interesada entre los procedimientos y el programa televisivo acusador.
Decía Platón en «La República» que «un magistrado por ser justo se hace odioso a sus parientes y amigos al no querer favorecerlos en contra de la Justicia», y en Morón, la equidad lo está pidiendo a gritos.
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