Gestiones políticas por el cambio de acusación

Los principales caciques del gobierno y de la oposición peronista están entregados en estas horas a afanes discretísimos para desmadejar lo que más les preocupa a todos: la carátula de asociación ilícita propinada por el polémico juez Jorge Urso a Carlos Menem y sus funcionarios en el caso armas. Entre tanto, Carlos Menem amplió ayer el arco de las adhesiones: recibió la solidaridad de un creciente número de dirigentes -especialmente intendentes y diputados-que militan junto a su principal adversario Eduardo Duhalde. Carlos Reutemann le ratificó además la solidaridad por su cautiverio en Don Torcuato por escrito mediante una carta. Lo embarga, sin embargo, la prisa de los plazos judiciales. Exactamente en una semana, el viernes 22 de junio, vence el plazo que el juez tiene para decidir su procesamiento o su falta de mérito. Ayer recibió, entre otros, a Carlos Corach y a Hugo Anzorreguy con quienes discutió lo que será en horas la principal novedad: el cambio de defensores.

Más discretas que secretas son las reuniones. Dirigentes políticos de nota han comenzado a operar para desmontar la hasta ahora poco explicable e insuficiente «asociación ilícita» que determinó la detención de Carlos Menem & otros. Inclusive, en esta acción aparecen hasta aquellos que riñen, desprecian u objetan al ex mandatario, quienes se han hecho cargo de que esa imputación penal, digitada según su arbitrio por un magistrado, amenaza la gestión de cualquier posible administrador del Estado, del pasado o del presente. Principio de supervivencia, amén de la Justicia. En suma, que el presunto equilibrio de los tres poderes se ha inclinado a favor del capricho del Judicial por encima del Ejecutivo o Legislativo, a la discrecionalidad de un número determinado de jueces federales y sus copartícipes fiscales, por no hablar de los magistrados del Fuero Penal Económico, que también quieren disfrutar de ese poder omnímodo, de ese vale todo penal ejercido por unos pocos. Al que también en forma poco democrática avala otro poder no contemplado en la Constitución: el de los monopolios de prensa.

• Diferencias

Si un juez se equivoca, apenas si lo reprenden; si se prueba que robó o cometió algún delito, pierde eventualmente su cargo y a veces ni siquiera la asignación. Así los políticos describen las incorrecciones y sanciones en la Justicia, mientras que a ellos -hombres del Ejecutivo o Legislativo-los aguarda la pérdida de la libertad, la prisión, si delinquen, o lo que parece más ridículo, si erran en un acto de gobierno. Citan últimos ejemplos de ese escenario contrapuesto y poco equitativo: Antonio Erman González, Menem, entre otros sometidos a la cárcel, mientras Carlos Liporaci o Norberto Oyarbide sólo fueron separados de sus funciones. En las reuniones se ha comenzado a aceptar que hay una discriminación evidente entre los distintos poderes.

Esto es unánime entre los políticos y, como siempre ocurre, los justicialistas son los más animosos para enfrentar la situación. Los radicales asienten pero les cuesta arremangarse. Aun así, el caso Menem los motivó y es obvio que Fernando de la Rúa por un lado, Raúl Alfonsín por otro, más Carlos Becerra y Enrique Nosiglia intervienen desde el oficialismo en busca de una solución, mientras los interlocutores emblemáticos del PJ son Carlos Corach, Alberto Kohan y, del propio entorno de Menem, su hermano Eduardo. Hasta Carlos Ruckauf adhiere a estas iniciativas, sea porque él como la mayoría de los anteriores son hombres que merodearon o ejercieron el derecho y, por lo tanto, consideran inapropiado el fundamento de la acusación. Todas estas partes del rompecabezas desarrollan contactos, entre sí y con otras fuentes, se ilusionan con una alternativa en escalera -del juez hacia la Corte pasando por la Cámara, no a la inversa como señalan algunos mediosque desarma esa complicada figura jurídica de la asociación ilícita para juzgar los decretos que hoy encierran al ex presidente pero que en un futuro próximo pueden enclaustrar, y no para el estudio, a cualquier otro. Además, no todos cruzaron la barrera de los 70 años que garantiza, al menos, un arresto domiciliario.

• Alfonsín

Nadie sabe con precisión qué puede hacer Alfonsín, salvo que se involucre en público contra la aplicación de la asociación ilícita (en rigor, eso tímidamente ya lo ha hecho). Igualmente no se niega a ninguna entrevista y propicia otros encuentros. Algunos, en todo caso, observarán los movimientos de su corresponsal en distintos foros de la Justicia, Arnoldo Kleiner, hombre que recoge confianzas del ex mandatario al mismo tiempo que de miembros de la Corte o de otros magistrados de menor rango. Kleiner lleva, sin embargo, una mácula reciente: sostuvo ante Alfonsín y, se afirma, ante el propio De la Rúa, que no había sustento jurídico en Jorge Urso para encarcelar a Menem. Se equivocó, al igual que otros consejeros radicales, al analizar el alcance de la asociación ilícita. De la Rúa prefería más información y menos versación jurídica. Tal vez ahora Kleiner actúe para reparar esa opinión controvertida por los hechos.

Otro que no negará entrevistas será Corach, aunque sus antecedentes son opuestos a los de Kleiner: él aseguraba que Menem iría a prisión, demostrando más información que conocimiento, empresa casi digna de otra época. Inclusive hasta se le endilga la versión de que fue por su culpa que Urso adelantó la comparencia de Menem, por temor a que éste se fugara, y en consecuencia la detención (le atribuyen haber comentado la posibilidad de que el ex mandatario podía quedarse en el exterior cuando, en rigor, sólo aceptaba que algún gestor había preguntado por el asilo en el Uruguay). Son parte de las internas estas acusaciones que, en política, ni siquiera respetan las rejas domiciliarias, ya que a Corach se le reprocha mejor afinidad con Ruckauf que con Menem. Aunque, justo es reconocerlo, éste mantiene y sostiene que su ex ministro es su mensajero de confianza.

Así lo reciben en otros ámbitos, en los mismos donde se acuerda la poca sustentabilidad jurídica de aplicar la asociación ilícita para los actos de gobierno (verbigracia, Fernando de la Rúa). Desde allí salen promesas cifradas, palomas mensajeras y hasta significativas señales de humo hacia mentes y oídos de la Justicia. Los políticos de ambos partidos -el Frepaso guarda distancia y prudente silencio-, entonces, han descubierto su capacidad para entenderse frente a determinadas crisis, sobre todo ante lo que imaginan una dependencia no prevista del Ejecutivo y el Legislativo frente al Poder Judicial. Les resta ahora encontrar una vía para equilibrar el sistema, tarea a la que se dedican juristas más entendidos. Mientras, la próxima semana habrán de cumplirse los plazos por la suerte de Menem, aunque éstos podrían extenderse 10 días hábiles más. Está en Urso la decisión final, claro, el fundamento científico -hasta ahora poco sustancioso-para justificar la aplicación de la asociación ilícita. O, tal vez, para hallar otra fórmula más benigna y menos controvertida entre juristas y políticos. Para el juez no es sencillo: ya obró en alguna medida, tiene en sus manos la mayor causa de su vida, no desea que lo reboten en la Cámara y, por si todo esto fuera poco, soporta una investigación por enriquecimiento ilícito en el Consejo de la Magistratura, evento que genera sensaciones dispares. Y en esto se equiparan los miembros del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.